La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó de secuestro a ocho excomandantes de las Farc, que de paso, es el primer escrito que ese Tribunal le da a conocer al país sobre uno de los delitos más atroces que cometió esa extinta agrupación guerrillera y que dejó una estela de muertos, desaparecidos y decenas de familias golpeadas emocionalmente.
El escrito de hechos y conductas del caso 01 sobre secuestro, se tituló ‘Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP’. En este documento, los magistrados de la Sala de Reconocimiento acusan a ocho excomandantes de la extinta guerrilla de haber sido los responsables de este delito de lesa humanidad.
Los acusados por la JEP son: Rodrigo Londoño Echeverri o Timochenko, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo y Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien falleció este 27 de enero.
La primera decisión tomada en este documento judicial fue cambiar el nombre jurídico del caso. Ahora se llama Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP. Antes había sido nombrado como Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, pero las víctimas dijeron que estaban inconformes con estos términos que no dimensionan el crimen que vivieron ellas o sus familiares.
A los acusados la JEP los acuso de coautores de los crímenes de privaciones de la libertad y desaparición forzada, además de homicidio. También, por responsabilidad de mando, algunos fueron acusados también de torturas, violencia sexual y atentados a la dignidad personal, entre otros.
Ahora los exguerrilleros tendrán 30 días hábiles para decidir si aceptan o no, tempranamente, su responsabilidad en estos crímenes que les imputa la JEP. Las víctimas y la Procuraduría también tienen ese tiempo para intervenir. Una vez obtienen respuestas, la Sala hará su resolución de conclusiones, en el que identifican e individualizan las responsabilidades de las personas que tuvieron una “participación determinante” en este grave delito. Ese documento, finalmente, pasa al Tribunal de Paz, que es el encargado de sancionar.
Si los exguerrilleros aceptan su responsabilidad sobre el delito de secuestro, entonces, se convierten en merecedores de una sanción propia, que es una restricción de libertad no carcelaria que dura entre 5 y 8 años. Esa información se le envía a la Sección de Reconocimiento del Tribunal de Paz y allá toman la decisión final de cómo será dicha condena.
Quien no acepte los delitos por los que lo acusan, su resolución de conclusiones determinará que debe ir a juicio. Si en ese proceso estas personas reconocen la responsabilidad de manera tardía, podría tener una sanción alternativa, es decir, una pena en la cárcel de entre 5 y 8 años.
Finalmente, quien se declare inocente y sea vencido en juicio por las pruebas que recolecte la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como Fiscalía de la JEP, deberá pagar entre 8 y 20 años de cárcel.