Desde 1990 hasta el 30 de junio de este año hay un reporte de 12.062 vítcimas de minas antipersonales. 60% de ellas han sido integrantes de la fuerza pública: Alto Comisionado para la Paz.
“Esto fue el 29 de abril del año 2004. Yo hacía parte de un grupo especial llamado Alacrán, era el puntero de esa patrulla. Tenía 18 años. Se nos informó que las Farc iban a hacer presencia en un lugar que se llama Jesús Darío Bolívar. Escuché un disparo. Entré a una finca, hacía mucho calor y me senté a desayunar, me paré sobre el pasto para botar la ración de campaña y ahí perdí el conocimiento”.
El testimonio anterior es del abogado e infante de marina, Edwin Restrepo, una de las 12.062 víctimas de minas antipersonal que reporta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre 1990 y el 30 de junio de este año.
“Cuando yo reaccioné me vi en el piso. El cuerpo me ardía y no podía ver porque de los ojos me salía tierra. Sentía el pie izquierdo, pero no el derecho”, agrega Restrepo.
Edwin podría ser acreditado como víctima de mina antipersonal en el caso 05 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que este viernes 23 de julio reconoció a 5 soldados dentro de este caso.
El abogado Restrepo, quien adelanta labores como defensor de los militares víctimas del conflicto, dice que esta acreditación es una contribución a los principios de verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición. Pero agrega que la JEP ha sido lenta en este proceso.
“Los campos minados son una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y no solo la JEP es lenta en reconocernos como víctimas, también lo fueron la Procuraduría y la Defensoría. Todo por el hecho de ser soldados de profesión. Antes de nuestro oficio, somos personas a las que se les violó un derecho y así deberíamos ser vistos”, afirma Restrepo.
Para la JEP esta acreditación reconoce las afectaciones a la vida y la integridad sufridas por los miembros de la fuerza pública por conductas que se constituyen en una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, y muestra también la necesidad de los miembros de la fuerza pública, que fueron afectados por el conflicto, de ser atendidos.
Restrepo espera que este reconocimiento vaya más allá de la cifra estadística y que exista una reparación y un mea culpa por parte de las Farc, “para entender por qué utilizaban los campos minados”.
Según la JEP, se priorizaron los hechos que ocurrieron en el norte del Cauca y el sur de Valle del Cauca. En el caso 05 se investigan las violaciones a los Derecho Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, “las minas antipersonal son artefactos explosivos que se caracterizan por ser activados al contacto por las mismas víctimas. Están diseñadas para ser colocadas debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno y concebidas para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona”.
Desde el alto comisionado para la Paz señalan que estas minas siguen siendo utilizadas por los grupos armados ilegales. Sus cifras indican que, durante el 2021, con corte al 30 de junio, hay un registro de 73 personas víctimas de minas antipersonal: 45 son civiles y 28 corresponden a personal de la fuerza pública