Ambos permanecen cobijados con medida de aseguramiento. El expediente indica que recibieron un soborno a cambio de favorecer la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.
El senador Iván Name y el representante Andrés Calle serán juzgados. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema los llamó a juicio por su aparente participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Ambos congresistas ya están imputados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor propio. El expediente señala que recibieron un soborno –de dineros de la Ungrd– a cambio de favorecer la agenda legislativa del Gobierno. Los hechos ocurrieron cuando ambos ocupaban las presidencias del Senado y la Cámara.
“Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, añadió la Sala en un comunicado.
Ambos procesados están cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario desde el pasado 7 de mayo.
Una vez la acusación quede en firme, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia, que se encargará de adelantar la etapa de juicio.
La investigación de la Corte Suprema de Justicia determinó que los congresistas no actuaron de manera aislada. Según el auto de 183 páginas emitido por la Sala Especial de Instrucción, el acuerdo para la compra de la voluntad de los legisladores se habría gestado entre septiembre de 2023 y abril de 2024 con el objetivo de asegurar la aprobación de las reformas pensional y de salud.
Para este fin, Olmedo López y Sneyder Pinilla, entonces director y subdirector de la UNGRD, respectivamente, presuntamente utilizaron recursos públicos de la entidad. El auto detalló que Name, en su calidad de Presidente del Senado, habría recibido un total de $3.000 millones. Los pagos se habrían realizado en dos entregas de $1.500 millones cada una, los días 12 y 13 de octubre de 2023.
El dinero fue entregado en el Hotel Tequendama Suites de Bogotá a Sandra Liliana Ortiz Nova, descrita por la Corte como una persona de estrecha amistad con Name, quien posteriormente llevó las sumas a un apartamento en el edificio Bassel I, residencia del entonces senador.
Por su parte, Andrés Calle, quien presidía la Cámara de Representantes, presuntamente recibió $1.000 millones de manera directa de manos de Sneyder Pinilla. La entrega se efectuó el 14 de octubre de 2023 en un apartamento en Montería, Córdoba.
La investigación rastreó el origen de los fondos hasta un contrato de la UNGRD para la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira. El dinero entregado a los congresistas provino de pagos que un particular, Pedro José Castro Espinoza, le hizo a Pinilla en Bogotá. Este préstamo inicial fue saldado en enero de 2024 con parte del anticipo del contrato de proveeduría SMD-GS-CTQQ-192-2023, adjudicado a la empresa Impoamericana Roger SAS.
La Corte concluyó que “Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas conocían que el dinero que se les entregaba y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”
Según el expediente, Name habría utilizado los $3.000 millones para financiar la campaña de su hija, María Clara Name Ramírez, al Concejo de Bogotá. Calle, por su parte, habría destinado los $1.000 millones a las campañas de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas, a la Gobernación de Córdoba, y de su padre, Gabriel Alberto Calle Demoya, a la Alcaldía de Montelíbano.
Los expresidentes del Congreso, actualmente detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá, enfrentan un proceso judicial sin posibilidad de negociación y con penas que podrían alcanzar los 33 años de prisión, según explicó el abogado penalista Francisco Bernate.