Pese a las reuniones entre los altos funcionarios de Haití y Colombia, sigue sin definirse el futuro de los 18 colombianos detenidos por el asesinato del presidente Jovenel Moise, el pasado 7 de julio.
El Gobierno Nacional avanza en las gestiones para repatriar los cuerpos de los exmilitares colombianos que murieron durante el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Möise, ocurrido el pasado 7 de julio, y por el que hay capturados 18 connacionales.
El cónsul honorario en Puerto Príncipe, capital de Haití, Julio Santa, se reunió con el ministro de Justicia de ese país, Liszt Quitel, para reiterarle la solicitud de acompañamiento jurídico de los exmilitares colombianos que estarían relacionados con el crimen y que permanecen presos en la isla.
Además, el Ministro se comprometió a repatriar los cuerpos de los colombianos que murieron en los operativos desencadenados luego del magnicidio. Los cuerpos identificados son los del sargento primero (R) Mauricio Javier Romero y el sargento viceprimero (R) Duberney Capador Giraldo.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, también ha reiterado su voluntad por esclarecer los hechos que acompañaron el asesinato del expresidente Möise, a la par que ha garantizado que aquellos presos que sean inocentes serán puestos en libertad.
Así, Henry ha recordado en un comunicado publicado en sus redes sociales “su firme voluntad y determinación de que los autores intelectuales, los cómplices y los ejecutores (…) sean identificados, llevados ante la justicia y condenados de conformidad con las leyes del país, y en respeto de los Derechos Humanos”.
A este fin se movilizan “y se seguirán movilizando” todos aquellos recursos humanos y materiales necesarios para que la investigación sobre el crimen “tenga éxito”.
Para el mandatario haitiano, la decisión sobre la inocencia, o no, de los acusados recae exclusivamente en los jueces que llevan el caso, pero que aquellos que reclaman su inocencia tendrán derecho a expresarse.
Del mismo modo, ha dicho que las “maniobras de desvío, las malas interpretaciones e intimidaciones, orquestadas por unos pocos sectores, para sembrar confusión a nivel de la opinión pública e impedir que las autoridades judiciales hagan su trabajo con calma, no pasarán”.
Finalmente, el primer ministro Henry ha trasladado su compromiso con la construcción del estado de derecho en Haití, su respeto a los Derechos Humanos, así como a una justicia imparcial ejercida por un sistema judicial “independiente”.
De otra parte, los familiares de las personas que se encuentran en Haití piden justicia de manera urgente, ya que se van a cumplir tres meses desde los hechos.