Jueces en Guatemala ordenaron la captura del actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, y de la fiscal Luz Adriana Camargo, acusándolos de corrupción.

En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht, la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ha ordenado capturas internacionales en contra de varios exfuncionarios y abogados relacionados con el caso.

Entre los señalados destacan Iván Velásquez, exjefe de la extinta CICIG; Luz Adriana Camargo, su mano derecha y actual fiscal en Colombia; y los abogados Alfonso Carrillo y Juan Pablo Carrasco. Otros vinculados en el caso son los exfuncionarios del Ministerio Público Thelma Aldana, Mayra Véliz y Juan Francisco Sandoval.

Iván Velásquez, quien lideró la CICIG en Guatemala, fue ministro de Defensa en Colombia y actualmente es embajador ante el Vaticano. Su posición y el acuerdo firmado entre Guatemala y la ONU le otorgan protección diplomática, lo que podría complicar su extradición.

Estas órdenes, emitidas por solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), también incluyen a varios representantes de la constructora brasileña Odebrecht.

Los acusados enfrentan cargos por delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, colusión y conspiración. Según la investigación, este grupo habría participado en la malversación de casi 3 mil millones de quetzales, correspondientes a préstamos internacionales destinados a la construcción de una carretera que nunca se llevó a cabo.

Este nuevo movimiento judicial amplía una orden de captura previa, emitida en enero de 2023, y ahora tiene carácter internacional, sumando nuevos implicados a la lista. El Juzgado de Mayor Riesgo “D” también decretó la rebeldía y captura de dos brasileños vinculados a Odebrecht, quienes no asistieron a una audiencia. Estos extranjeros habían negociado acuerdos de colaboración con el Ministerio Público para evitar cargos penales a cambio de información sobre el caso.

Cabe destacar que los préstamos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sumaron cerca de 400 millones de dólares. Sin embargo, la carretera proyectada para conectar Cocales, Suchitepéquez, con Tecún Umán, San Marcos, nunca fue construida.

Entre los señalados también está David Gaitán, exmandatario de la CICIG en Guatemala, junto a otros abogados y funcionarios involucrados en los acuerdos con Odebrecht. La FECI acusa a estas personas de favorecer a la constructora brasileña a cambio de sobornos y arreglos ilegales. El fiscal Rafael Curruchiche presentó pruebas como correos electrónicos que evidencian cómo se establecieron estos acuerdos para que los empresarios brasileños eludieran la justicia local.

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