El mandatario colombiano buscará controlar las tarifas de los servicios de energía, agua y gas para reducir los costos de estos.
El presidente Gustavo Petro está cada vez más cerca de asumir la regulación de los servicios públicos en Colombia. Esto, debido a que su gobierno ya dejó listo el borrador de decreto con el cual tendrá el control de estos, tal como lo anunció el 26 de enero del 2023.
“Reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142, serán ejercidas por el Presidente de la República”, puntualiza el documento.
De igual forma, precisa que “en consecuencia, las comisiones de regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del presente decreto”.
Además, que “para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, el presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector”.
Borrador de decreto para que Gustavo Petro asuma el control de los servicios públicos. Semana.
Petro anunció el 26 de enero del 202, que asumiría dicho control con el fin de intentar reducir el costo de las tarifas de los servicios públicos, principalmente, las de la energía.
“El presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración, de control y de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que son el agua, la luz”, afirmó el jefe de Estado en ese oportunidad.
El mandatario aseguró que tomaba esta decisión en función de los usuarios: “Este (funcionario) ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control (…) directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario”.
Igualmente, explicó que esta decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución Política de Colombia, que le permite al presidente “señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan”.
Los reparos de los gremios
A través de un comunicado, organizaciones del sector formularon varios reparos a la decisión de Petro. El documento fue firmado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco; la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica Acolgen, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica Asocodis, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras Andeg y la Asociación de Energías Renovables Colombia SER Colombia.
“Los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos”, señalaron en el comunicado.
Pero consideran que es un retraso que el presidente Petro haya asumido el control de las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos, a través de las que se define el costo de las tarifas, justamente por el aumento que se ha presentado en algunos sectores del país.
Y aunque es una acción constitucional, para los gremios de energía y gas, rompe la institucionalidad.
“Las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos”, señalaron en el comunicado.
Para los representantes de los gremios es fundamental que se garantice la seguridad jurídica, con reglas razonables y estables, que permita mantener la independencia de los entes de regulación. De lo contrario, consideran que afecta la confiabilidad de los sistemas y puede llevar a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico, que pongan en riesgo la prestación de los servicios de manera continua.