En las últimas horas se conoció una movida con la que el Gobierno aumentaría la incertidumbre en el sector energético, buscando botarle otro salvavidas a Air-e, compañía del empresario Alberto Ríos. La jugada consistiría en la intervención de las generadoras Urrá, Gensa y Gecelca.

Una alta fuente aseguró a EL COLOMBIANO que el Ejecutivo viene analizando dichas intervenciones de tiempo atrás, e incluso tanteó a importantes perfiles dentro del sector que se le midieran al “chicharrón” de ejercer como agentes interventores. El perfil se estaría buscando en Antioquia, pues “interiormente están desesperados por tener un paisa en el Gobierno, luego de la polémica que hubo con la presidencia de ISA”.
Si bien al Ejecutivo le sobrarían razones para defender ese proceder, en el trasfondo el objetivo sería venderle energía barata a Air-e, cuya exposición en bolsa es cercana al 50%. Pero ahí salta una duda, ¿por qué intervenir a empresas que son prácticamente públicas? Recordemos que MinHacienda tiene 99% de Urrá y Gecelca y el 90,9% de Gensa.
Según dijo la fuente, esta es una jugada estratégica porque al entrar a intervenir vía Superservicios no se incurriría en irregularidad y “si, por ejemplo, se tenían contratos de energía de largo plazo a $1.800 kilovatio/hora, estos podrían cancelarse para venderla a un precio mucho más barato, por ejemplo de $350, y sin una garantía de fuente de pago”.

Mencionó que esto hace parte de lo que el presidente Gustavo Petro ha referenciado como “un precio razonable” con el objetivo de salvar a Air-e, pero en realidad “esto no es razonable, sino antiético y antitécnico. Sería un detrimento patrimonial para pagarle la quiebra al señor (Alberto Ríos)”, continuó la fuente.
A la espera del concepto de la Creg, el Gobierno tiene listas sus cartas para las respectivas intervenciones. Por ejemplo, pondrá de por medio la difícil situación financiera que atraviesa Gecelca, cuyas pérdidas en la actividad de generación fueron del orden de $392.000 millones para el año anterior.

En el caso de Urrá, la premisa serían las presuntas irregularidades en adjudicación de contratos en la hidroeléctrica, en la que se señala que al parecer hasta 10 empresas obtuvieron beneficios de forma cuestionable. Los contratos sumarían $1,4 billones.