Alarma ha generado entre los gobernadores del Caribe el hecho de que, a partir del 1 de julio, los entes territoriales deban asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en las unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación y en estaciones de policía.
En este sentido, los gobernadores señalan la falta de asignación de recursos para cumplir con esta obligación. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su preocupación.
«No nos pueden dar mayores tareas a los entes territoriales sin asignarles recursos para dichas tareas, esto es claro en la Constitución.
Tan solo en la capital del Atlántico, de acuerdo con los registros de la Personería Distrital a corte de mayo del presente año, hay 748 personas privadas de la libertad en las estaciones de policía.
A su turno el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también manifestó su rechazo. Cerca de 3.000 personas se encuentran en esta condición en Bolívar, lo que representaría una carga fiscal considerable para el departamento.
«Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños. Entendemos el componente humanitario del asunto, pero esta no puede ser una competencia de los entes territoriales».
Esta nueva responsabilidad administrativa se deriva de un fallo de la Corte Constitucional de 2022, que posteriormente fue convertido en ley por el Congreso de la República.
Actualmente, cerca de 17.000 personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria reciben alimentación por parte de la USPEC. Para el año 2024, se proyecta una partida presupuestaria de $670.656 millones para cubrir esta necesidad .