La Fiscalía General confirmó que los predios habrían sido adquiridos con recursos obtenidos a través de hechos de corrupción
La Fiscalía General de la Nación confirmó la aplicación de medidas de extinción de dominio sobre bienes de elevado valor económico vinculados al escándalo de corrupción de Centros Poblados, al establecer que varias de estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos obtenidos de manera ilícita.
Entre los principales afectados se encuentra el contratista Emilio Tapia Aldana, a quien la Fiscalía señala como uno de los beneficiarios directos del desfalco relacionado con el contrato destinado a llevar internet a zonas rurales del país.
La medida también cobija bienes pertenecientes a Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares, quienes presuntamente habrían participado o se beneficiado del entramado ilegal.
En total, 23 propiedades quedaron bajo extinción de dominio tras ser identificadas como parte del patrimonio de los implicados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando la cartera estaba a cargo de Karen Abudinen Abuchaibe, y la Unión Temporal Centros Poblados.
Los bienes afectados superan los 65.000 millones de pesos e incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos comerciales y activos societarios, ubicados en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Risaralda y Nariño.
Según la Fiscalía, “los elementos materiales probatorios indican que los bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso de contratación y del anticipo entregado de manera irregular a la Unión Temporal Centros Poblados”.
Adicionalmente, en el marco de decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, se impuso una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra Karen Abudinen.
Desde la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, la Fiscalía explicó que estas acciones buscan proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en un proyecto que pretendía instalar más de 7.000 centros digitales en distintas regiones del país.
La decisión se conoce en medio de la polémica por la reciente libertad del contratista Emilio Tapia, quien continúa vinculado a varios procesos judiciales derivados de este caso de corrupción.