Los señalamientos del excandidato presidencial están relacionados con el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales, según el cual, quienes entreguen bienes tendrán el beneficio de mantener el 6% de su valor

Dentro de la política de Paz Total del Gobierno nacional se encuentra el acercamiento con bandas criminales para llegar a un acuerdo para el sometimiento de sus miembros. Aunque el Gobierno nacional ya radicó el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales, desde algunos sectores políticos se ha asegurado que se busca beneficiar a los delincuentes.

Sobre los beneficios de que obtendrán los criminales que se acojan a la ley se encuentra que puedan mantener el 6% del valor de los bienes que entreguen para reparar a las víctimas.El excandidato presidencial Federico Gutiérrez aseguró que los narcotraficantes en Colombia están muy felices con la ley de sometimiento radicada por el Gobierno nacional. Crédito: @FicoGutierrez / TwitterEl excandidato presidencial Federico Gutiérrez aseguró que los narcotraficantes en Colombia están muy felices con la ley de sometimiento radicada por el Gobierno nacional. Crédito: @FicoGutierrez / Twitter

Sobre este tema, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de Twitter -@FicoGutierrez-, aseguró que “los narcos están felices con el gobierno Petro”, haciendo una clara referencia a los beneficios que se encuentran en el proyecto de ley.

Lo que es cierto es que dentro del proyecto de ley “Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”, sí se encuentran beneficios para los criminales.

En el artículo 43 del proyecto se estable que, sin importar la etapa del proceso en el que se encuentre el procesado, se pueden identificar los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos gracias a las actividades ilícitas, esto con el fin de reparar las víctimas. De acuerdo con el proyecto de ley, los procesados que completen este paso podrán hacerse acreedores de mantener el 6% del valor de los bienes que hayan sido referenciados para restaurar a las víctimas.

“El procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas”.

En esa línea, la única manera de que ese 6% de los bienes le sean decomisados a los criminales es no haber cumplido con los acuerdos luego de que la sentencia esté en firme.

“Los bienes objeto del beneficio patrimonial no podrán ser objeto de comiso o acción de extinción de dominio con posterioridad a la sentencia en firme a menos que se demuestre que el beneficiario incumplió los compromisos contenidos en el acta de sujeción a la justicia. En todo caso, el comiso o la acción de extinción de dominio procederá contra los bienes que no hayan sido declarados en el inventario o respecto de los que por cualquier circunstancia no hubiere sido posible la entrega jurídica o material”.

El proyecto de ley también asegura que los bienes que sean entregados se “emplearán para la reparación de las víctimas. Los bienes inmuebles con capacidad de reparación quedarán afectados para la implementación de los proyectos diseñados para tal efecto en la sentencia colectiva”.

Con el proyecto de ley, los criminales también podrán optar a una pena entre los 6 y 8 años de cárcel efectiva, siempre y cuando acepten su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entreguen información sobre sus patrones criminales y ofrezcan una reparación para las víctimas.

Para el presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, el proyecto de ley abre un camino para encontrar la paz en Colombia y no espera brindar ninguna clase de impunidad a los criminales.

“Es un camino que se abre para la paz total que avanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que implica una política de paz ambiciosa como la de este Gobierno”.

Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el proyecto de ley está pensado para las estructuras criminales que no tienen vocación política, por lo que no se le otorgará ningún estatus político a los grupos que se acojan a la ley.

“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales, y reparan a las víctimas, el estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa; esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tiene vocación política”.

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