Durante el periodo 2012 a 2015, el entonces gobernador del departamento de Sucre, Julio César Guerra Tulena, habría presuntamente hecho unas órdenes de pago irregulares por un monto de 13.000 millones de pesos, a varias entidades prestadoras de salud.

Exactamente fueron 29 resoluciones las que emitió el exgobernador en su periodo de administración, para un pago de servicios de salud por 13.566 millones de pesos. Lo grave es que al parecer, esas órdenes no fueron revisadas ni aprobadas por el Comité Técnico Científico, ni tampoco tenían “validación del estado de los pacientes, órdenes médicas, soportes de exámenes y terapias practicadas, para justificar el giro de los recursos”, según la Procuraduría General.

Adicionalmente, la atención médica por la cual se pagó era especializada para enfermedades mentales y terapias neurosensoriales, pero nunca se prestó a la población.

De acuerdo con el pliego de cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación, fueron cinco IPS las beneficiadas con esos recursos del Sistema General de Participaciones. Precisamente la Clínica Nuevos Amaneceres de Sucre, Fundación Libertad y Fe, Centro de Neurorehabilitación Integral San Rafael y Fundación Nuevo Ser, son las que están implicadas en un aparente incremento injustificado de su patrimonio.

Además del exgobernador, la entidad aplicaría medidas disciplinarias para otros funcionarios por saltarse los debidos procesos y no vigilar la gestión de los recursos. Entre ellos Samir Gregorio Serpa Álvarez quien fue parte del líder del personal de la Gobernación y a los exsecretarios de salud José Jorge Madera Lastre, Efraín de Jesús Suárez Arrieta y Nayibe Del Carmen Padilla Villa.

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