La propia Sandra Ortiz solicitó al despacho del magistrado Francisco Farfán que la escuchara y que deseaba colaborar con la administración de justicia.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar el próximo 26 de mayo a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, desde las 9:00 AM por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres UNGRD.
La exfuncionaria será interrogada por el despacho del magistrado Francisco Farfán y se enmarca dentro de la investigación contra los expresidentes del Senado, Iván Name y Cámara de Representantes, Andrés Calle.
El llamado a declarar fue ordenado cerca de tres semanas después de que la propia Sandra Ortiz le solicitara al despacho del magistrado Francisco Farfán que la escuchara y que deseaba colaborar con la administración de justicia.
Tanto Iván Name como Andrés Calle presentaron en los últimos días recursos legales contra la decisión de la Sala de Instrucción que ordenó su detención preventiva, buscando que se revoque la medida intramural dictada que actualmente los tiene recluidos en la cárcel La Picota.
Los dos procesados pidieron a la magistratura reconsiderar su decisión planteando que la medida de aseguramiento fue desproporcionada y que bajo el precedente aplicado a Name y Calle cualquier congresista en ejercicio tendría que ser detenido al verse inmiscuido en investigaciones, lo cual no ocurre y por lo general se permite una defensa en libertad.
La defensa de Andrés Calle en particular también consideró que la detención preventiva no era “urgente” puesto que el procesado siempre ha sido respetuoso de la administración de justicia y ha comparecido a todos sus llamados.
Asimismo, se consideró que no habría peligro futuro para la sociedad, en vista que al congresista cordobés se le indaga es por asuntos relacionados con su pasado como presidente de la Cámara de Representantes y desde hace meses ya no ocupa ese cargo.
Adicionalmente, señalaron que no hay prueba de los hechos aludidos como peculado por apropiación, puesto que, y plegándose a la tesis disidente de la magistrada Cristina Lombana, no hubo ningún tipo de relación con supuestos recursos públicos, debido a que el supuesto soborno que entregaron Olmedo López y Sneyder Pinilla a Iván Name y Andrés Calle salió, según la tesis acusatoria, del préstamo del exsenador Pedro Castro.