La reciente concesión de libertad condicional al empresario Emilio Tapia, condenado por hechos de corrupción, ha generado una fuerte controversia en Barranquilla y en distintos sectores del país.
En las últimas horas se conocieron imágenes en las que se observa a Tapia movilizándose por el norte de la ciudad en una camioneta de alta gama, acompañado por un robusto esquema de seguridad, aparentemente mientras realizaba actividades familiares y comerciales.
La decisión judicial, adoptada por una jueza de Barranquilla, provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan tanto el beneficio otorgado como la forma en la que el condenado se desplaza en espacios públicos, pese a los procesos que aún enfrenta ante la justicia.
Frente a la polémica, el abogado penalista y profesor universitario Carlos Jiménez explicó el alcance legal de la medida. Según indicó, la libertad condicional es un subrogado penal que permite sustituir el cumplimiento de la pena en un centro carcelario por el cumplimiento en libertad, siempre que el beneficiario se someta a una serie de condiciones establecidas por la autoridad judicial.
El jurista precisó que este beneficio no es automático, sino que depende del cumplimiento de requisitos previstos en la ley. Asimismo, aclaró que no todos los delitos permiten acceder a esta figura, ya que existen conductas expresamente excluidas, como el homicidio, los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, así como crímenes como el secuestro, la extorsión y el terrorismo.
No obstante, explicó que los delitos contra la administración pública, como aquellos por los que fue condenado Tapia, sí son susceptibles de este beneficio, siempre y cuando se cumplan las exigencias legales. Jiménez añadió que, al momento de conceder la libertad condicional, el juez debe evaluar diversos factores relacionados con el comportamiento del condenado y el cumplimiento parcial de la pena.
Aunque la medida se ajusta a lo contemplado en la normativa vigente, su aplicación en este caso continúa generando debate público y cuestionamientos sobre el alcance de la justicia frente a los delitos de corrupción.