Tuvieron que producirse dos accidentes de tránsito con cuatro muertos y que la comunidad se levantara en protesta, para que la concesionara Ruta Al Mar, se dignara a colocar reductores de velocidad sobre la carretera nacional a la altura del corregimiento Carillo en el municipio de San Pelayo.
Luego de cerrar la vía, quemar llantas y reclamar la reinstalación de resaltos al paso de vehículos por la población, la concesionaria instaló reductores de pasta, mientras colocan otros modelos que obligue a conductores a desacelerar sus vehículos.
La misma acción se hizo en la margen izquierda en Montería y obligaron a la empresa concesionaria a instalar reductores, pero previamente hubo accidentes diarios que le costaron la vida a peatones y motociclistas.
También hay una cuota de responsabilidad ciudadana, pero es la Agencia Nacional de Infraestructura y la Secretaría de Tránsito Departamental las que deben estar haciendo veeduría y exigiendo señaléticas y reductores de velocidad en los puntos más álgidos de accidentalidad y no esperar tragedias para luego lamentar en redes y esperar que las protestas sean el notificador del problema.