«Las protestas nos han hecho mucho daño a nivel internacional», afirma en una entrevista con EFE en Madrid el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela, quien asegura que el país «va por el buen camino» y defiende la tramitación de una ley antivandalismo que «endurezca las penas» para evitar situaciones contra comercios, personas e instituciones que la legislación vigente no puede abarcar.
«El presidente (Iván) Duque nos lo anunció la semana pasada, por lo que estamos trabajando en el proyecto de ley. Las manifestaciones pacíficas fueron bienvenidas, respetamos la democracia, pero hay que endurecer algunas penas para evitar esos inconvenientes», explicó el ministro.
Ruiz Orejuela reconoció que en su país «se han presentado dificultades, las marchas están autorizadas a nivel constitucional, pero cuando se salen de las manos se autoriza un ESMAD, un cuerpo de seguridad, dentro de la Policía Nacional, que solamente entra a confrontar cuando hay momentos de crisis».
«Colombia es un país donde se respeta el estado social de derecho, democrático y la democracia está funcionando. En estos momentos yo no hablo de estallido social hablo de un estallido de reapertura económica, la gente quiere salir adelante», dijo.
NOTICIAS FALSAS PARA ACABAR CON LA INSTITUCIONALIDAD
El ministro colombiano fue el enviado de Duque cuando comenzaron las protestas a la zona del Valle del Cauca, de la que es oriundo, y «viví cinco semanas allá muy difíciles porque había problemas, pero eso se superó y ahora no registra ni un solo bloqueo», aseguró.
«Desde luego nos han hecho mucho daño a nivel internacional y hemos tenido que salir a defender nuestro país, la soberanía y todos los problemas que tuvimos, pero se han reportado 107 noticias falsas en contra del estado colombiano, aunque por fortuna, con la llegada de la nueva canciller, Marta Lucía Ramírez, hemos desvirtuado esos hechos que pretendían involucrar a la fuerza pública», indicó.
Para el ministro colombiano, esas noticias falsas tienen el objetivo de «acabar con la fuerza pública que es la que representa la institucionalidad en nuestro país». «Vivimos momentos difíciles, pero luego todo vuelve a coger de nuevo su cauce», dijo.
«Se viene un año preelectoral, estamos a once meses de la primera vuela presidencial en mayo y la segunda en junio y esto se presenta generalmente como tratando de alborotar el orden público, pero Colombia va por muy buen camino», aseveró.
Ruiz Orejuela reiteró que «entre tantos hechos de violencia que se han presentado en Colombia, la gran mayoría de colombianos quieren marchar en paz porque hay una inconformidad por parte de ellos, pero es que allí se han infiltrado grupos delicuenciales, como narcotraficantes, delincuentes de alto impacto y subversivos, que finalmente han convertido una marcha pacífica en actos de violencia».
Y «frente a esto esta el código penal que establece penas de 24 a 48 meses al que bloquee las vías públicas. Eso está en la norma, pero no aparece un tipo penal que diga qué pasaría cuando hay vandalismo o actos terroristas de esa forma», argumentó.
UNA REFORMA JUCIDIAL DE «ALTA GAMA»
El ministro colombiano defendió también la reforma judicial que prepara el Gobierno, que reportará al país una Justicia «de alta gama», con cambios «muy necesarios tras 25 años de inmovilismo y 18 intentos», que tendrán sus puntos fuertes en la digitalización, la agilidad en los procesos, el incremento en el número de magistrados, la paridad de género y el acceso a la carrera por méritos.
«En Colombia tristemente hay procesos que pueden tardar hasta 30 años para tener un fallo. Con esta reforma, la Justicia se declara como un servicio público esencial, es decir que vamos a evitar que se sigan presentando huelgas o paros de forma injustificada», explicó.
Sobre la transformación digital, Ruiz Orejuela indicó que «en días pasados en Barranquilla se aprobó por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 500 millones de dólares».
«En un intervalo de 12 años vamos a lograr crear la plataforma digital para toda la rama judicial. Los primeros 100 millones saldrán ahora en septiembre para poder empezar el proceso de digitalización, es decir, que cualquier persona desde su casa, con el solo hecho de tener internet, va a observar desde cuándo radica su demanda hasta cuándo sale el fallo del mismo», detalló.
Colombia tiene actualmente 30.000 miembros en toda la rama judicial, «de los cuales 5.600 aproximadamente son jueces, el resto son empleados, y hace décadas que la administración de Justicia no tienen más jueces».
«Se logró aprobar el 3% del presupuesto de la nación para la rama judicial. Antes era el 1,7%. Ese 3% va a ser progresivo y de acuerdo al impacto fiscal, es decir tenemos la posibilidad de crear más y más jueces», dijo el ministro.
También destacó que en Colombia actualmente, «por cada 100.000 habitantes tenemos 11 jueces, cuando deberíamos tener 65».
«Otro punto muy importante es la carrera judicial, para que la gente pueda llegar por méritos a la rama judicial y otro tiene que ver con la parte de género, porque ahora vamos a contemplar que las mujeres ocupen las cortes de nuestro país en igualdad de condiciones, es decir 50% mujeres y 50% hombres», concluyó.