Seguidores del Ejército salieron a las calles a apoyar la toma del poder por parte de los militares.

El  ejército birmano dio un golpe de Estado este lunes, detuvo a la jefa de hecho del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, que pidió «no aceptarlo», y proclamó el estado de emergencia por un año.

El golpe, sin violencia, es necesario para preservar la «estabilidad», afirmaron los militares, que prometieron en un comunicado en Facebook celebrar elecciones «libres y justas», al término del estado de emergencia.

Los militares acusan a la comisión electoral de no haber subsanado las «enormes irregularidades» que se produjeron, según ellos, durante las legislativas de noviembre, que ganó por amplia mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), en el poder desde las elecciones de 2015.

Aung San Suu Kyi así como el presidente de la República, Win Myint, y otros responsables del partido fueron detenidos en Naypyidaw, la capital, dijo a la AFP Myo Nyunt, portavoz de la formación, horas antes de que Parlamento formado tras las últimas elecciones iniciara su primera sesión.

Los militares acordonaron las carreteras alrededor de la capital con tropas armadas, camiones y vehículos blindados de transporte mientras los helicópteros militares sobrevolaban la ciudad. 

El ejército declaró, a través de su propio canal de televisión, el estado de emergencia durante un año y anunció que el exgeneral Myint Swe sería el presidente en funciones durante el próximo año. 

Los militares justificaron el golpe alegando «enormes irregularidades» en los comicios de noviembre que la comisión electoral no había resuelto. 

«Como la situación debe resolverse de acuerdo con la ley, se declara el estado de emergencia», según la declaración. 

Más tarde, el ejército se comprometió a celebrar nuevas elecciones tras el estado de excepción, que debe durar un año.

«Pondremos en funcionamiento una auténtica democracia pluripartidista», declararon los militares en un comunicado en Facebook.

Antes de su detención, Aung San Suu Kyi instó en un mensaje a la población a «no aceptar el golpe de Estado», según una carta publicada en Facebook por su partido.

Los militares actuaron rápidamente para reprimir la disidencia, restringiendo las comunicaciones por internet y por teléfono móvil en todo el país. 

En Rangún, la antigua capital que sigue siendo el centro económico del país, las tropas tomaron el Ayuntamiento justo antes del anuncio, según un periodista de la AFP.

Además los bancos quedaron cerrados temporalmente debido a las malas conexiones de internet, indicó la asociación bancaria.

Periodistas de la AFP vieron en Rangún varios camiones con simpatizantes del ejército llevando banderas de Birmania y cantando himnos nacionalistas. Algunos miembros de la LND dijeron que las fuerzas de seguridad les habían ordenado quedarse en casa.

Además el ministro jefe del estado de Karen y otros ministros regionales también fueron retenidos, dijeron fuentes del partido a la AFP.

«Millones» de fraudes 

El golpe de Estado suscitó una avalancha de condenas internacionales. Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea denunciaron de inmediato el golpe, mientras China se limitó a pedir a las partes implicadas «solucionar sus diferendos».

«Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones (…) y tomaremos acciones contra los responsables», advirtió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.

Por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, «condenó firmemente» la detención de Aung San Suu Kyi. «Estos hechos asestan un duro golpe a las reformas democráticas en Birmania», agregó.

El golpe de Estado tuvo lugar poco antes de que el Parlamento resultante de las últimas legislativas iniciara su primera sesión, prevista este mismo lunes.

Birmania salió hace apenas diez años de un régimen militar que dirigió el país durante casi medio siglo. Los dos últimos golpes de Estado desde la independencia del país en 1948 se remontan a 1962 y 1988.

Los militares denunciaban desde hace semanas más de una decena de millones de casos de fraudes en las legislativas de noviembre.

Reclamaban que la comisión electoral dirigida por el gobierno publicara la lista de los votantes para verificarla, lo que no ha hecho.

Los temores aumentaron cuando el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, sin duda el hombre más poderoso de Birmania, declaró que la Constitución podría ser «revocada» bajo ciertas circunstancias.

«Relación complicada»

El partido de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz de 1991, muy criticada por su gestión de la crisis de los musulmanes rohinyás pero aún venerada por buena parte de la población, obtuvo una aplastante victoria en noviembre.

Unos 750.000 miembros de esta minoría huyeron de los abusos del ejército y de las milicias budistas en 2017 y se refugiaron en campamentos en Bangladés, una tragedia que ha llevado a Birmania a ser acusada de «genocidio» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU.

Los comicios de noviembre fueron las segundas elecciones generales desde 2011, cuando se disolvió la junta militar.

En 2015 la LND ganó por amplia mayoría, pero se vio obligada a compartir el poder con el ejército, que controla tres ministerios claves (Interior, Defensa y Fronteras).

Exiliada durante mucho tiempo en el Reino Undio, Aung San Suu Kyi, de 75 años, regresó a Birmania en 1988, convirtiéndose en la figura de la oposición frente a la dictadura militar. 

Pasó 15 años bajo arresto domiciliario antes de ser liberada por el ejército en 2010.

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