Se denunció un ‘cartel’ que les cobra a los criminales para darles cupo en la paz total del Gobierno.
La política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro volvió a ser motivo de controversias este jueves, por cuenta de la solicitud hecha por el jefe de Estado a la Fiscalía General de la Nación para que se abra una investigación contra su hijo, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro.
El mandatario le pidió a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano, debido al ruido que se ha generado en los últimos días en la opinión pública por denuncias de presuntos sobornos de narcotraficantes que quieren subirse al bus de la paz total a como dé lugar.
“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, aseguró el presidente.
Y es que la paz total ha sido objeto de controversia después de que se reveló que en las cárceles se están manejando ofertas de cupos, vocerías y beneficios por parte de un grupo de abogados y servidores públicos, que estarían cobrándole sumas millonarias a los criminales.
Tal y como informó este diario, esas ofertas los esos cobros se están haciendo por valores que rondan los 500 millones millones de pesos y la situación está convirtiendo el proceso de ‘paz total’ con las bandas criminales en un lucrativo negocio bajo cuerda.
Frente a esa red de cobros se detalló que el precio regular por las gestiones ante la Oficina del Alto Comisionado es de 500 millones de pesos, pero dependiendo de la jerarquía del cabecilla y la importancia del grupo criminal, la cifra puede oscilar entre los 200 y 600 millones de pesos.
Algunos abogados y funcionarios le pusieron esa tarifa a los siguientes servicios: 1). El cupo en los acercamientos de paz, es decir, que el Gobierno avale las reuniones; 2). El nombramiento, vía decreto, como representante del grupo armado; 3). La inclusión en la lista de voceros de paz; 4). La designación como gestor de paz; 5). La no extradición; 6). Traslados de cárceles.
Varios narcos habrían pagado altas sumas para que los incluyeran en estos beneficios, como Juan José Valencia (alias Falcon), aliado del Clan del Golfo; así como Jesús Berdugo (alias Tánatos), socio del cartel de Sinaloa, con redes de droga en Nariño y Ecuador.
Otros que habrían desembolsado dinero para estas gestiones son Carlos Mesa Vallejo (alias Tom) y Leonardo Muñoz (alias Douglas), líderes de la organización mafiosa “la Oficina”; y el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez (alias Macaco).
Pese a esto, “Falcon” y “Tánatos” fueron extraditados; a “Douglas” no lo sacaron de La Picota ni le confirmaron la gestoría de paz, tras el rechazo generalizado de la opinión pública; y “Tom” y “Macaco”, aunque fueron trasladados a la cárcel de Itagüí, en su zona de injerencia, tampoco han recibido el aval para ser gestores.
¿Qué tiene que ver la familia Petro en escándalo?
En este entramado de cobros irregulares ha sonado con fuerza el nombre del hermano del jefe de Estado, Juan Fernando Petro, ya que para hacer los negocios se está usando su nombre para tratar de dar garantía del aseguramiento del cupo en el bus de la paz total.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, denunció recientemente esta situación ante la Fiscalía General de la Nación y confirmó que tiene conocimiento de abogados que están tratando de sacar provecho económicos de la paz total con promesas a los criminales en las cárceles.
“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, expuso la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Por su parte, Juan Fernando Petro, también ha asegurando que conoce de personas que, según él, estarían usando su nombre inescrupulosamente para cobrar sobornos prometiendo la facilitación de puentes para conseguir beneficios jurídicos.
Fuente: El Colombiano