Para el defensor Carlos Camargo, los únicos que respetaron el cese bilateral al fuego fueron las Fuerzas Armadas, porque los grupos ilegales que se acogieron en su momento siguieron delinquiendo.

Del 18 de febrero al 17 de marzo de 2023 los hechos violentos que afectaron el cese al fuego pasaron de 16 a 32 por parte de algunos de los 4 grupos armados ilegales que se habían acogido al decreto expedido por el Gobierno.

Así lo denunció el tercer Boletín de Monitoreo del Cese al Fuego de la Defensoría del Pueblo, que revela que durante este periodo ocurrieron cuatro acciones bélicas directas en el Valle del Cauca, Huila y Cauca. Además de ocho confrontaciones armadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia, que generaron afectaciones humanitarias para las comunidades, como confinamientos y desplazamientos forzados, entre otros.

De otro lado, se destacaron hechos violentos contra personas en proceso de reincorporación, particularmente en Meta, Antioquia, Vaupés y Cauca.

“Pasar en un mes de 16 a 32 hechos violentos que generaron vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y transgresiones al cese al fuego por parte de algunos de los 4 grupos armados ilegales que se habían acogido al decreto expedido por el Gobierno arrancando este año; además de causar graves daños a las comunidades, me obligan a decirles a estos grupos armados que se nos agotó la paciencia. Los colombianos esperamos que cumplan con los anhelos de paz que tenemos desde hace años”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Por último, la Defensoría destaca la valentía del Gobierno al decretar un cese en medio del conflicto, en medio de las disputas por los territorios, pero señala que no hubo la misma generosidad de los grupos armados.

“El único que ha respetado el cese bilateral han sido las Fuerzas Armadas, por lo tanto, reclamo de los grupos armados ilegales verdaderos gestos de paz y que no se burle el anhelo de paz que tienen los colombianos”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Cese, en un solo sentido

Cerca de tres meses duró el fallido cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el ‘Clan del Golfo’, luego de que el presidente Gustavo Petro, anunciara el fin de semana pasado la suspensión de esta medida, por la falta de voluntad de este grupo armado.

Este cese bilateral se había anunciado el pasado 31 de diciembre de 2022, junto a otros tres grupos armados, y comenzó a regir desde el primero de enero y estaba contemplado que llegara hasta el 30 de junio.

La gota que rebasó la copa fue un ataque con fusil que cometió este grupo armado contra miembros de la Policía el pasado domingo, en medio del paro minero que se desarrolla en la región del Bajo Cauca antioqueño. Ese día seis vehículos fueron quemados en la Troncal de Occidente.

Siguen ataques contra la población civil

La Defensoría del Pueblo ha alertado que en regiones como el Bajo Cauca, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, particularmente, organizaciones como el Eln, las Agc-’Clan del Golfo’, las facciones disidentes de las Farc y grupos de crimen organizado siguen siendo grandes generadores de riesgos de homicidios, torturas, retenciones, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos e infracciones al DIH, siendo la población civil la más afectada, y en especial, los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC).“Los grupos armados no están demostrando gestos genuinos de paz ni han expresado pruebas fehacientes de respetar a la población civil, pues se mantienen las acciones hostiles contra la población civil, particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”, afirmó en su momento el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras la ruptura del cese al fuego con el ‘Clan del Golfo’.

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