Nuevo agravante se crearía con un proyecto de ley que a ojos del Consejo de Política Criminal es innecesario.
Los múltiples ataques de la gente a profesionales de la salud que están en la primera línea de atención al covid-19 llevaron a que en el Congreso se radique un proyecto de ley que busca crear un agravante para quienes atenten contra la vida de médicos, enfermeros, camilleros y sus familiares.
Dicha iniciativa generó un choque entre quienes la apoyan –como la congresista antioqueña Margarita Restrepo– y el Consejo Superior de Política Criminal, el cual la considera innecesaria e incluso emitió un concepto exponiendo las razones de por qué es desfavorable para la justicia.
Antes de pasar al debate, vale la pena resaltar que con este proyecto se planea modificar el artículo 347 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), aumentando así los años de prisión para quienes cometan el delito de amenaza a esa población.
Además, que la idea nació luego de que se evidenciaran por redes sociales y la prensa agresiones físicas y verbales al personal de la salud, tras diagnósticos que a veces no terminaron por satisfacer a los pacientes y sus familiares. Incluso, en el documento, revisado por este diario, se menciona que a los médicos se les ha discriminado en sus lugares de residencia tildándolos de portadores del virus.
Por tales motivos, la idea que está en trámite en la Comisión Primera de la Cámara tiene el sustento de que como estas personas son más propensas a vivir momentos de zozobra y miedo por dichas arremetidas, deben gozar de una especial protección.
Así lo deja claro la representante Restrepo. En diálogo con este diario expresó que el Estado debe castigar con penas ejemplarizantes a los que amenacen la vida de los profesionales de ese gremio por el hecho de ejercer su oficio.
¿Es necesaria la medida?
La idea de incrementar el castigo consta de que los agresores sean procesados con penas que no los libren de ir a prisión. Hoy, quien cause “alarma, zozobra o terror” en la gente es judicializado con uno a cuatro años de prisión. Con el nuevo agravante, en el caso de médicos víctimas serían de cuatro a ocho años, sumados a la tercera parte de la condena.
Pero como para llegar a eso debe modificarse el Código Penal, el proyecto de ley fue objeto de estudio del Consejo Superior de Política Criminal. A ojos de ese órgano asesor del Gobierno es cierto que esta es una loable causa que busca proteger a los trabajadores, sin embargo, en su concepto considera que es desfavorable porque no hay suficientes motivos de fondo para que esto sea aprobado.
Unas de las razones que argumentó este órgano –cuyo concepto no es vinculante– es que la pandemia que atraviesa el país es algo coyuntural, lo que convierte a dicha iniciativa en innecesaria y en un mero desgaste legislativo.
Además –aclara el Consejo– los derechos de esta población ya están protegidos por la jurisprudencia actual, cosa que también le quita puntos a la pretendida modificación de la Ley 599 del 2000.
Esa posición es compartida por la penalista Dalila Henao, quien expresó que como lo ha subrayado el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, no se ha demostrado que el aumento de penas contrarreste la comisión de delitos.
Según ella, “la verdadera discusión es cómo prevenir el desgaste administrativo y legislativo que conlleva la presentación de proyectos de ley populistas”, recalcando que las amenazas al personal de la salud ya pueden manifestarse por medio de denuncias.
Sin embargo, la representante Restrepo manifiesta no estar de acuerdo con que el Consejo Superior se oponga a su proyecto. De hecho, considera que lo que emitieron es desactualizado y arcáico.
“No puedo creer que miembros del Consejo hablen de que el covid es algo coyuntural. Vamos para otro pico, esta es nuestra realidad”, resaltó la antioqueña haciendo énfasis en que así como crecen los contagios, aumentan las amenazas a los médicos.
Para que su iniciativa prospere, los autores deberán convencer con argumentos y datos técnicos al resto de congresistas, teniendo en cuenta el manto que les pesa tras la desfavorabilidad que ve el Consejo Superior de Política Criminal.