El designado Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), César Ferrari, ingeniero y doctor en economía, al parecer enfrenta tropiezos para desempeñar el cargo debido a su nacionalidad.
Todo está relacionado con el hecho de que Ferrari es peruano de nacimiento, italiano por sangre (sus padres son de este país) y colombiano por adopción.
O sea, obtuvo la ciudadanía luego de vivir varios años en el país.
Algunos expertos en derecho constitucional le dijeron a la revista Semana que, según la ley, Ferrari no podrá tomar posesión del cargo, pues en el artículo 29 de Ley 43 de 1993 se explica que algunos cargos como el de Presidente, Vicepresidente, Senadores, Magistrados, Fiscal General, Contralor, Procurador, ministros y directores de departamentos administrativos, no podrán ser ocupados por ciudadanos colombianos por adopción.
El impedimento para Ferrari está en que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), figura en el organigrama del Estado como un departamento administrativo, cuya dirección no puede ser ocupada, según la ley citada, por una persona que sea ciudadana por adopción.
Cabe aclarar que esta prohibición aplica únicamente para colombianos por adopción.
Sin embargo, el ministro de Salud Alejandro Gaviria sí pudo tomar posesión de su cargo, pues a pesar de haber nacido en Chile, sus padres son colombianos y se domiciliaron en Colombia, por lo que Gaviria adquirió la nacionalidad “por sangre”.
Al respecto, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, consultado por la citada revista, indicó que la ley es clara y hasta el momento no se ha declarado inconstitucional, “el ejercicio de cargos públicos puede estar regulado por la ley”.
Esta posición la comparte el jurista José Abuchaibe, quien aseguró que el “artículo 29 de la ley 43 de 1993 indicaría que César Ferrari no podría ser el próximo director del DNP”.
No obstante, el abogado Alejandro Magaldi indica que la ley ya nombrada es una ley ordinaria y “en este caso podría generar una violación directa del derecho político que está plasmado en la Constitución, que todos los ciudadanos tienen derecho a ocupar cargos públicos”.
En todo caso este entuerto de nacionalidad está siendo revisado por el nuevo gobierno para definirlo lo más pronto posible.