La Procuraduría General de la Nación confirmó las sanciones disciplinarias contra cuatro exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) implicados en la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo en octubre de 2019.
En fallo de segunda instancia, el Ministerio Público ratificó la destitución e inhabilidad por 10 años de Diana Cecilia Muñoz Miguez, exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, por entregar las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitieron trasladar a Merlano a un procedimiento dental sin autorización ni medidas de seguridad.
La misma sanción recayó sobre el excomandante de custodia David Alexander Álvarez Cárdenas, por avalar la remisión médica sin garantizar vigilancia, y sobre la exsubdirectora Katherine Lozano Forero, por aprobar traslados previos a la fuga.
Por su parte, el exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón recibió una suspensión de tres meses por permitir que Merlano se reuniera con sus hijos durante una cita médica, conducta calificada como descuido inexcusable.
La Procuraduría concluyó que estos funcionarios vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia exigidos a los servidores públicos.
El 1 de octubre de 2019, Merlano aprovechó una visita odontológica para descender con una soga desde el Centro Médico La Sabana y huir hacia Venezuela, donde fue capturada y extraditada posteriormente para cumplir su condena por delitos electorales.