Un total de 200 personas que salieron en calidad de desplazados de la zona rural de Puerto Libertador anunciaron que se tomarán la sede de la Alcaldía en rechazo a las acciones del Gobierno Nacional de erradicar cultivos ilícitos, sin cumplir la sustitución contemplada en el acuerdo de paz.
El secretario del interior de esa población, Rafael Martínez, dijo en www.gsnoticias.com que la situación es compleja y que el municipio que nada tiene que ver en el problema está asumiendo una carga social que engrosa cinturones de pobreza.
“Hay por lo menos 200 personas y vienen más”, dijo el funcionario al señalar que se trata de un problema de vieja data donde el Estado cumple la orden de erradicar, pero no cumple a cabalidad la sustitución de esos cultivos ilícitos.
Martínez, que es secretario del interior desde el año 2016, asegura que desde entonces se ha dialogado con el Gobierno sobre ese tema, se han hecho compromisos, pero siempre se regresa al punto muerto, donde de las fuerzas del orden reciben orden de erradicar y los campesinos a oponerse porque no les cumplen.
Mientras está ese tire y afloje, es el municipio de Puerto Libertador el que tiene que salir a comprometer recursos para atender a los desplazados y junto con la Personería y la Defensoría, hacer trámites para garantizarle mínimos derechos, pero el problema no se soluciona de esa manera.
En el pasado ‘paro armado’, el ministro de la defensa, Diego Molano, aseguró en Montería que los desplazados no son por la acción de la fuerza pública, sino presionados por el ‘clan del golfo’, que no quieren acabar con el alimento principal de la guerra, el narcotráfico.