Desde la Defensoría del Pueblo, regional Córdoba, se instó a las administraciones locales y a entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a desarrollar con celeridad, el registro de las personas que encuentran damnificadas como consecuencia de las inundaciones.

Sobre este aspecto en particular el defensor regional, Ricardo Madera Simanca, precisó que dicho censo es requerido para la entrega de ayudas provenientes del orden nacional.

Del mismo modo, se solicitó la ejecución de obras que permitan contener las emergencias que, años tras años, afectan a distintas comunidades residentes en los municipios cordobeses.

“Es imperativo el concurso de las diferentes entidades del Estado, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de las entidades territoriales, para abordar con obras que permitan de verdad contener y prevenir todo este tipo de situaciones”, dijo.

Y agregó que “hay que articular y hacer más efectivos los diferentes sistemas, para que esas ayudas humanitarias y de mitigación lleguen con la celeridad a estas comunidades”.

Durante esta ola invernal, más del 80% de los entes territoriales se han declarado en calamidad pública. En la cifra correspondiente a las personas afectadas, se calculan cerca de 30 mil.

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