La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó una demanda ante la Sección Primera del Consejo de Estado contra la Presidencia de la República, buscando la anulación del decreto que establece la figura de los “gestores de paz”.
La acción judicial cuestiona la legalidad de otorgar beneficios a excomandantes paramilitares, argumentando que la medida vulnera los derechos de las víctimas y compromete la estabilidad de la ciudadanía.
Según el documento presentado, el decreto ampara a 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso Gómez, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Ramiro Vanoy Murillo alias Cuco Vanoy y Hernán Giraldo Serna alias El Patrón.
La figura de “gestores de paz” les brinda apoyo psicosocial, desarrollo de habilidades, asignaciones mensuales y la posibilidad de suspender medidas de aseguramiento y penas.
La Defensora argumenta que esta decisión representa un riesgo de revictimización simbólica para quienes sufrieron la violencia paramilitar, al ver a sus victimarios convertidos en interlocutores con el Estado sin que medie un proceso de reparación integral. “La paz no puede construirse sobre el dolor de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra”, señaló Marín Ortiz.
La demanda sostiene que el decreto ignora los derechos de las víctimas a la participación y a la verdad, excluyéndolas de la toma de decisiones sobre los procesos de reparación. Además, advierte que la medida afecta el orden público, social, económico y político, y podría erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
El Consejo de Estado será la instancia encargada de decidir si admite la demanda y evalúa la constitucionalidad del decreto, en un caso que se suma a las críticas por los presuntos vínculos entre altos mandos del Gobierno y las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.