Tras una decisión proferida por el Tribunal de Cundinamarca, en la que se ordenó suspender las manifestaciones programadas para abril, el Consejo de Estado se pronunció sobre la decisión y aseguró que el organismo judicial no estaba en las capacidades de tomar ese tipo de determinaciones.
La jurisprudencia advirtió que solo el Congreso de la República, mediante una ley estatutaria, está en la capacidad de restringir las protestas sociales en el país, indicando que ni el Gobierno, ni la Rama Judicial, pueden prohibir ese derecho.
El Consejo de Estado hizo un llamado para que el Tribunal Administrativo no tome decisiones que rebasan sus competencias y aseguró que no existió ninguna justificación debidamente fundamentada para suspender las jornadas de movilización y que los alegatos sobre la «sanidad» para tomar la decisión no eran suficientes.
El pronunciamiento se realizó luego de resolver 22 acciones de tutelas en contra de la decisión del Tribunal de Cundinamarca y se realizó un fuerte llamado a dicho tribunal, para que no vuelva a tomar decisiones de este tipo, ya que “ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas a la reunión, la manifestación y la protesta pública y pacífica”.