La misiva destacaba su contribución a la consolidación del Estado de Derecho y a la imparcialidad, objetividad y estabilidad institucional.
La Corte Suprema de Justicia decidió no aceptar la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata, condecoración propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión fue tomada por la Sala Plena, bajo el argumento de salvaguardar los principios de autonomía e independencia judicial.
El pasado 5 de diciembre, la Cancillería envió una carta a la Corte expresando su intención de otorgar esta distinción como un reconocimiento a su destacada labor jurisdiccional desde su creación en 1886. En la misiva, se resaltó la contribución del tribunal a la consolidación del Estado de Derecho, la imparcialidad y la estabilidad institucional.
Sin embargo, este lunes, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, anunció que, tras la consulta con los magistrados, se decidió declinar la distinción:
“La Corte Suprema de Justicia agradece el reconocimiento a su labor jurisdiccional, pero ha decidido no aceptar la condecoración para preservar los principios de autonomía e independencia judicial”, afirmó Chaverra.
A pesar de esta decisión, la Corte reiteró su compromiso con el principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, como lo establece la Constitución, dejando claro que la decisión fue adoptada de manera colegiada por la Sala Plena y no individualmente por su presidente.
Un acto simbólico de independencia, según magistrado Gerson Chaverra
La carta de la Cancillería coincidió con un hecho simbólico: el 5 de diciembre, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez se posesionó ante el presidente de la Corte Suprema, en lugar de hacerlo ante el presidente de la República, como es habitual.
Durante la ceremonia, Gerson Chaverra destacó que este acto representó un ejercicio de independencia y dignidad del alto tribunal.
Además, el evento en Quibdó, programado para el 14 de diciembre como parte de la entrega de la condecoración, fue cancelado, aunque la Corte agradeció el gesto del Gobierno.
Con esta decisión, la Corte Suprema refuerza su compromiso con los principios que garantizan la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, marcando distancia frente a cualquier acción que pudiera interpretarse como una interferencia en su labor.