La magistrada Cristina Lombana elevó una solicitud al Gobierno estadounidense para que autorice que el general venezolano pueda rendir su testimonio. También citó a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por medio de un documento de cuatro páginas, solicitó al Gobierno estadounidense autorizar la práctica de pruebas y recoger la declaración del general retirado Clíver Alcalá, dentro del proceso que se adelanta contra la senadora electa Piedad Córdoba por presuntos vínculos con la extinta guerrilla de las Farc.
“Para efectos de establecer la existencia de las conductas punibles investigadas y la eventual responsabilidad de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba, es importante obtener la declaración de Clíver Antonio Alcalá Cordones, cuya práctica se solicita autorizar a fin de interrogarlo sobre el conocimiento que tenga de la conducta antes descrita, toda vez que, en su calidad de general retirado de Venezuela conoció de cerca la relación de la investigada con diferentes funcionarios de ese país”, se puede leer en el documento producido por el despacho de la magistrada Cristina Lombana y que es citado por El Espectador.
En esta misma línea, el documento señala que Alcalá pudo llegar a conocer de cerca la relación de Córdoba con diferentes funcionarios venezolanos que, para la época de los hechos investigados, manejaban la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y que, de acuerdo con la investigación de la magistrada Lombana, habrían dado dineros a la hoy senadora electa en forma de comisiones.
De acuerdo con el documento, que también es citado por Blu Radio, el dinero que obtenía Córdoba era utilizado para enriquecer “ilegalmente a la investigada y a su círculo familiar y, por otra parte, a la realización de diversos eventos de carácter político que buscaban que Piedad Córdoba obtuviera una posición de poder privilegiada en Colombia”.
Desde el despacho de la magistrada Lombana solicitaron que la declaración del general Alcalá, actualmente recluido en la cárcel Westchester County Department of Correction, en Nueva York, se pueda llevar a cabo de manera presencial.
Vale destacar que en el documento se advierte que “dicha prueba fue decretada por la suscrita magistrada, mediante auto de sustanciación del veintitrés de marzo de 2022 y está prevista su práctica una vez se obtenga la autorización correspondiente”.
El despacho de la magistrada también citó a declarar a Marlon Marín Marín, sobrino de Iván Márquez.
Desde la defensa de la senadora electa, la abogada Ximena Castilla, recusó a la magistrada arguyendo que esta, en la solicitud para recoger el testimonio del exoficial venezolano, habría manifestado su opinión sobre el expediente.
“En este evento no está demostrado que Piedad Esneda Córdoba Ruíz haya recibido recursos del CADIVI y los CLAP, por lo tanto, no puede inferir, es decir, sacar una consecuencia de algo que no está demostrado. Adicionalmente, no puede deducir, como lo ha hecho, que ella y su círculo familiar se enriquecieron y que realizó eventos en su beneficio y en el de la “organización criminal”, porque actúa sesgada y parcialmente, es decir que ha prejuzgado”, dijo la abogada.
Conforme con información de Semana, la citación al general retirado Alcalá se conoció después de que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia desestimara una acción de tutela que presentó Córdoba dentro del proceso de extradición que se adelanta contra su hermano, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz.
La tutela se radicó el pasado 28 de abril en contra de la Presidencia de la República y la misma Sala de Casación Penal reclamando la protección de sus derechos fundamentales que consideraba vulnerados.
Sin embargo, desde el despacho del magistrado Luis Alonso Rico Puerta consideraron que la acción judicial no cumplía con los requisitos para emitir un pronunciamiento de fondo.
Fuente: Infobae