La Sala de Primera Instancia ratificó la detención intramural debido a la gravedad de los delitos contra población vulnerable y el manejo de recursos.
En una decisión que impacta el panorama político y judicial del país, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la situación de reclusión del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Tras semanas de expectativa por parte de su defensa, el alto tribunal desestimó los argumentos presentados para recuperar su libertad, manteniendo en firme la medida de aseguramiento que lo vincula a uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años.
El exparlamentario se encuentra recluido desde mayo de 2025, tras ser señalado como presunto responsable de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. Estos cargos surgen en el marco de las irregularidades detectadas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde presuntamente se orquestó un esquema para el desvío de recursos públicos destinados a las poblaciones más vulnerables del país.
Luego de ser capturado y reseñado en la Cárcel La Picota, se conoce su primera imagen. | Foto: Tomado de X.
Argumentos de la defensa resultaron insuficientes
La estrategia legal de Calle se centró en demostrar un cambio drástico en su situación personal y profesional para desestimar el riesgo de reiteración delictiva. Entre los puntos expuestos, el excongresista subrayó su renuncia formal a la curul en el Congreso de la República y su desvinculación de la militancia política activa. Incluso, en un gesto poco convencional, presentó una declaración juramentada en la que renunciaba a su derecho al voto, buscando convencer a los magistrados de que su influencia en el aparato estatal es inexistente.
Asimismo, la defensa apeló a razones de índole humanitaria, citando el reciente nacimiento de su hijo como un factor de arraigo que permitiría una medida menos restrictiva. Sin embargo, la Corte fue tajante al señalar que estos elementos no desvirtúan los fundamentos que motivaron su captura inicial. Para el tribunal, la peligrosidad del procesado no emana exclusivamente del cargo formal que ocupaba, sino de una estructura de poder y representatividad que trasciende su renuncia al legislativo.
Riesgo latente para la sociedad y el proceso
Al negar la solicitud, la Sala de Primera Instancia enfatizó que el esquema de corrupción en la Ungrd no fue un hecho aislado, sino una operación sistemática que involucró a múltiples actores. Según el fallo, la gravedad de los delitos y el impacto directo sobre los derechos fundamentales de comunidades en crisis hacen que la detención en centro carcelario sea la única medida idónea para cumplir con los fines constitucionales de protección a la comunidad.
Por otro lado, el exrepresentante manifestó su preocupación por su integridad física, denunciando ser blanco de amenazas de muerte. Ante esta situación, solicitó su traslado a una guarnición militar. Frente a este requerimiento, la Corte Suprema de Justicia optó por no conceder el traslado inmediato, pero ordenó a la dirección general de la Cárcel La Picota y al Inpec realizar una evaluación técnica de seguridad para garantizar la vida del procesado dentro del sistema penitenciario. Con este panorama, Andrés Calle continuará su proceso judicial tras las rejas, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento del desfalco a la gestión del riesgo.