La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exrepresentante a la cámara, Sara Elena Piedrahíta Lyons como autora del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular.
A la política se le investiga por, presuntamente, haber recibido dinero para su campaña electoral durante 2014-2018.
El expediente daría cuenta de que la plata recibida sería el pago de coimas que hizo el representante legal de una IPS para que le adjudicaran la atención de pacientes con hemofilia en Córdoba.
En el marco de la investigación, la Corte concluyó que Piedrahíta Lyons habría recibido cuantiosas sumas de dinero provenientes, no solo de las ilícitas apropiaciones de recursos del Sistema General de Regalías, propiciadas por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, sino también de aquellas procedentes del denominado “cartel de la hemofilia”.
La acusación en contra de la exrepresentante es decisión del despacho del magistrado Marco Antonio Rueda. Los hechos que analizó el jurista da cuenta que habrían sucedido en el marco de la administración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien es primo de la congresista y actualmente está condenado por el denominado cartel de la hemofilia que se registró durante su gobierno en 2013.
El abogado condenado Leonardo Pinilla, confeso conocedor y participante del cartel de la toga, en el cual magistrados negociaron decisiones en la Corte Suprema de Justicia, prometiera en 2018 ventilar información sobre ella en relación con el cartel de la hemofilia. Se trató de un desfalcó en los recursos del departamento de Córdoba, en 2013, cuando se hicieron pasar personas sanas por hemofílicas, con el propósito de que se entregaran recursos de atención en salud.
El abogado Pinilla, conocido con el alias de Porcino, firmó un preacuerdo con la Fiscalía a principios de 2018, comprometiéndose a entregar información. Lo primero que dijo es que la representante Piedrahíta al parecer conocía del manejo irregular de dineros que provenían del cartel de la hemofilia. Participaron auditores médicos, secretarios de salud y particulares como dueños y socios de los entes prestadores de servicios de salud.