Sin previo aviso a las autoridades territoriales, el Gobierno Nacional expidió un decreto mediante el cual estableció las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como ‘Clan del Golfo’, en los departamentos de Chocó y Córdoba, decisión que desató una fuerte reacción del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.
Tierralta fue definida como uno de los epicentros de este nuevo intento de diálogo, enmarcado en la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, una estrategia que el mandatario departamental ha criticado reiteradamente, al considerar que ha fracasado. Zuleta aclaró que no se opone a la paz y que siempre estará dispuesto a construirla, pero cuestionó las formas empleadas por el Gobierno Nacional al dejar por fuera a las autoridades locales y a la sociedad cordobesa.
“Córdoba no es la finca del gobierno Petro. Le pido que venga y le cuente a todos los cordobeses, empresarios, sectores sociales, víctimas, desmovilizados y campesinos de qué se trata ese diálogo con el ‘Clan del Golfo’”, expresó el gobernador, al tiempo que reclamó claridad sobre las responsabilidades que asumirá el Gobierno Nacional, las de ese grupo armado y las que le corresponderían a la Gobernación.
Zuleta Bechara recordó que la paz no es un logro de un gobierno, sino de un Estado, y advirtió que no se puede seguir generando falsas expectativas en campesinos, víctimas y sociedad civil por procesos que terminan fallando, como ocurrió en el pasado con las Autodefensas, el EPL y las Farc. En ese sentido, reiteró su llamado a redefinir la política de ‘paz total’ y a exigir gestos reales de voluntad por parte del grupo armado.
Finalmente, el mandatario denunció que, pese a haber solicitado el cese de las extorsiones como muestra de compromiso con la paz, estas no solo continúan, sino que han aumentado en el departamento, sumado a un subregistro en las denuncias. Las ZUT estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y contemplan la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición para los integrantes del grupo incluidos en los listados aceptados por la Oficina del Comisionado de Paz.