El incremento de tarifas de energía y su impacto fiscal en los esquemas de subsidios es una de las grandes preocupaciones expresadas por la Contraloría General de la República que avanza en un estudio que prende alertas por varias situaciones y donde la Región Caribe sería la más perjudicada.
El organismo expresa preocupaciones sobre temas como la demora en resolver los problemas de liquidez que enfrentan las firmas comercializadoras de energía.
“En enero de este año la producción de energía se encontraba aproximadamente en valores cercanos a los $250 Kwh y a mediados del presente mes de septiembre se ha llegado a precios cercanos a los $1,100 Kwh, lo que significa un crecimiento con un costo superior al 300%”, precisa el estudio.
Añade que, “esta situación puede causar un incremento desmedido en las tarifas, sobre todo para aquellas empresas que están expuestas a bolsa y que no han tenido oportunidad de hacer contratos de corto, mediano o largo plazo”.
Se realiza un amplio análisis para evaluar la pertinencia de los costos de las tarifas de energía y gas combustible, como herramienta para la implementación de la política de prestación de los servicios públicos, y su impacto fiscal en los esquemas de subsidios respectivos
“La exposición a los precios volátiles de la bolsa de energía, que ha llegado a superar los $1.059 kW/h en la última semana, y la suspensión de contratos de energía de largo plazo, aumentan la incertidumbre en el sector”, reitera el informe.
Para la Contraloría, se requieren medidas integrales, ya que está en riesgo la expansión de la oferta de energía y estabilidad regulatoria y contractual y, por lo tanto, la prestación del servicio de energía en el país.