La Contraloría General de la República abrió un proceso de Responsabilidad Fiscal a Daniel Quintero, alcalde de Medellín.
De acuerdo con la entidad, la actuación es por un presunto detrimento patrimonial de $646 millones.
El ente de control anunció que la investigación se da por un contrato firmado por el mandatario cuando estuvo a cargo de Innpulsa con la empresa Q1A S.A.S. que era para la “implementación de tecnología ‘score’ para el sector textil y confección”. Dicha firma se produjo en 2016.
De acuerdo al ente de control, la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal para el mandatario Quintero es debido a que “para la época de los hechos firmó el acuerdo contractual, por lo que tenía responsabilidad en el cuidado del manejo de los recursos públicos entregados al contratista, lo cual no hizo como ordenador del gasto”.
Agregaron que “al suscribir el contrato tenía responsabilidades frente a los recursos ejecutados, tales como realizar el seguimiento y control a las actividades relacionadas con el contrato de cofinanciación, desde la etapa precontractual hasta su liquidación, así como verificar el adecuado desarrollo de la etapa de planeación”.
En 2018, la Universidad de Antioquia, que era el interventor, verificó que no se cumplió el objeto contractual y por eso recomendó la liquidación del contrato.
Seguimiento al contrato
Quintero debía realizar seguimiento y control a las actividades relacionadas con el contrato desde la etapa contractual hasta su liquidación, “así como verificar el adecuado desarrollo de la etapa de planeación, por lo que se le vinculará como presunto responsable fiscal”, señaló la Contraloría.
El documento también se especificó que al proceso fueron vinculados la compañía Q1A S.A.S., Andrés Raúl Guzmán Toro y Silvio Augusto Ignacio Gaitán Villegas.datoEl presunto detrimento patrimonial asciende a unos $646 millones por un contrato suscrito con la empresa Q1A S.A.S. en el año 2016.