En las últimas horas se conoció que el Consejo de Estado negó una tutela que había sido interpuesta por el senador Gustavo Petro, la cual pretendía frenar la reforma a la Procuraduría General de la Nación y el Código Disciplinario Único.
A través de la Sección Primera de ese alto tribunal, se informó que esa vía jurídica es improcedente, y por ello fue remitida a la Corte Constitucional para que sea revisada “dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia si ella no es impugnada”.
En los argumentos de la tutela presentada por el senador se esgrimía que dicha reforma a la Procuraduría, la cual fue avalada por el Congreso de la República, violaba las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el tribunal aseguraba que solo un juez podría tomar la decisión de destitución de un político elegido de manera popular.
Como se recordará Petro fue inhabilitado por 15 años por la Procuraduría en 2013, debido a que a la luz del ente, este perjudicó a la ciudadanía bogotana con el esquema de recolección de basuras cuando fungió como alcalde de esa ciudad. Por ello, Petro insistió en quela Corte Internacional hizo un llamado por este hecho, calificándolo como una supuesta violación de derechos fundamentales.
Desde la Procuraduría, la jefa de ese organismo, Margarita Cabello Blanco, ha afirmado en varias ocasiones que contrario a lo que expone Petro, esta reforma beneficiará a los investigados, puesto que les otorgará las garantías procesales. Cabello Blanco señaló que con la reforma se incluyeron dos instancias judiciales, lo que le otorga a los funcionarios públicos apelar la decisión para que esta sea revisada por un procurador supervisor del caso.