Gustavo Petro radicó el pasado 1 de mayo ante el Senado, el proyecto de consulta popular.
El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, afirmó este que si no existe un concepto favorable del Senado, no puede llevarse a cabo una consulta popular.
El magistrado explicó que este requisito es indispensable y está regulado por la ley.
Durante su intervención en el evento “Justicia Abierta” en Ibagué, el presidente del alto tribunal detalló que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, pero su viabilidad depende del cumplimiento de condiciones legales previas.
¿Por qué se necesita el aval del Senado para convocar una consulta popular?
Señaló que uno de estos requisitos es el aval del Senado de la República. “Antes de hacer la consulta popular debe existir un concepto favorable del Senado, de suerte que, si no hay un concepto favorable del Senado, pues no puede haber consulta”, indicó.
Además, recordó que para que este mecanismo tenga validez, se requiere que participe al menos la tercera parte del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones 800.000 ciudadanos.
También se necesita que más de la mitad de los votantes se pronuncien afirmativamente para que el resultado sea vinculante.
El magistrado Álvarez Parra también se refirió al respeto por las decisiones judiciales y al papel de los jueces en el Estado de derecho. “Hay que rodear a la justicia y valorar la función que cumplen los jueces”, expresó.
Añadió que estos funcionarios deciden sobre la vida, la libertad y los bienes de las personas y que cada fallo judicial representa una herramienta de transformación social y de paz.
¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre las consultas populares en Colombia?
Advirtió que descalificar a los jueces por cumplir su tarea afecta la justicia y lesiona principios fundamentales como la autonomía e independencia judicial.
“La justicia representa el más caro valor donde todos los ciudadanos estamos comprometidos para hacer de ella el último valor moral de una sociedad”, precisó.
Finalmente, el magistrado subrayó que las instituciones deben respetar sus roles dentro del sistema democrático. Afirmó que es necesario permitir el funcionamiento de los pesos y contrapesos para garantizar la estabilidad del Estado constitucional.