En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, fue aprobado el polémico artículo que modificará la ley de garantías, esa que frena cierta contratación de los entes territoriales cuatro meses antes de elecciones.
Mientras sectores consideran que se trataba de un ‘mico’, el Gobierno y las bancadas políticas aliadas lo defendieron y lograron que fuese aprobada una proposición para incluir ese punto en la discusión.
Las comisiones económicas dieron su visto bueno a una proposición que les permitiría a las entidades territoriales (solo durante 2022, un año electoral) celebrar convenios interadministrativos. Ahora, la última palabra la tendrán las plenarias de Senado y Cámara.
Ahora, tras la aprobación de esa proposición y los demás artículos del proyecto de ley, la última palabra la tendrán las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, que deben seguir con la discusión y definir si quitan o no el cerrojo de la ley de garantías.