Gracias a la denuncia de una víctima, quedó al descubierto una organización criminal que, a punta de engaños, reclutaba colombianas para someterlas a explotación sexual en Europa.

Supuestamente, los procesados se encargaban de contactar jóvenes de escasos recursos en el Eje Cafetero y norte del Valle del Cauca y les ofrecían falsas ofertas de trabajo en almacenes de ropa de Italia. Para este propósito, según información brindada por el ente acusador, se les proporcionaban ropa, tiquetes, euros y se les coordinaba el traslado a Bari, en el sur de del mencionado país de Europa.

Sin embargo, luego de convencerlas de viajar, “la organización, presuntamente, les retenía los documentos a las víctimas y las explotaba sexualmente para que cubrieran los gastos de manutención y completaran el dinero que les facilitaron en Colombia”, detalló la Fiscalía en su informe, y agregó que hay elementos de prueba que indican que las mujeres eran sometidas a tratos crueles y degradantes para que estuvieran disponibles a las “pretensiones de los denominados clientes”.

Las personas señaladas como responsables de la actividad ilegal fueron capturadas por la Policía en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira (Risaralda) y en Buga (Valle del Cauca). La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

Los investigados no aceptaron los cargos y recibieron casa por cárcel.

En el operativo cayeron las hermanas Martha Cecilia y Alba Lucia Álvarez Silva, que según el ente investigador serían las supuestas encargadas de reclutar a las mujeres y recibirlas en Italia; y Édgar Romero Bonilla, representante de una agencia de viajes en Buga, que al parecer sería utilizada para agilizar los trámites necesarios para que las víctimas salieran del país.

Los procesados fueron identificados gracias al testimonio de una víctima que habría sido convencida de viajar a Italia en 2016. La oferta laboral, según el expediente, iba acompañada de la documentación para ingresar a territorio italiano; vivienda, la alimentación los primeros días de su llegada y $10’000.000 que la mujer debía retornar en Italia con los salarios del trabajo.

Según la víctima, los presuntos integrantes de la red la obligaron a acceder a los propósitos de todos los hombres que se le acercaban, sin recibir pago alguno. Así mismo, la mujer le reveló a la Fiscalía que la mantuvieron vigilada y recibió amenazas de muerte contra ella y su familia.

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