El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, incurrió en “crímenes contra la humanidad” con su negacionismo ante una pandemia que mató a más de 600.000 personas en el país, concluye el informe de una comisión del Senado que investigó la gestión de la crisis sanitaria, presentado la semana pasada.
La comisión del Senado que investigó la gestión del Gobierno brasileño ante la pandemia pidió ayer que el presidente Jair Bolsonaro sea “suspendido” de todas las redes sociales, por difundir informaciones falsas sobre la COVID-19.
El pedido fue incluido en el informe de la comisión, que será votado por los once miembros del grupo que investigó la actitud del Gobierno frente a una pandemia que mató ya a más de 605.000 brasileños y que acusa al mandatario de “crímenes contra la humanidad” y otros ocho delitos.
La comisión exigió la suspensión de Bolsonaro de todas las redes por tiempo indeterminado después de que, en una transmisión hecha el pasado jueves, insinuó que quienes se vacunan contra la COVID-19 corren riesgo de contraer Sida, tras lo cual la redes sociales Facebook e Instagram retiraron ese video. Mientras que YouTube suspendió el perfil del mandatario brasileño durante siete días.
Además de pedir que Bolsonaro sea suspendido de las redes, se acordó exigirle que se retracte de esas últimas declaraciones y remitir esas demandas a la Corte Suprema, que ya investiga al líder de la ultraderecha en un proceso sobre la difusión de las llamadas “fake news” en internet.
“Esa responsabilidad es de mucha gente, pero principalmente del Presidente, un ‘serial killer’ que tiene compulsión de muerte” y que “con esa última declaración sobre el sida demuestra claramente que no tiene respeto por la vida”, declaró el senador Renan Calheiros, instructor de la comisión parlamentaria.
El informe, que será enviado a diversas instancias judiciales si fuera aprobado por mayoría simple, incluye entre los cerca de 70 acusados a cuatro ministros, tres de los hijos de Bolsonaro, parlamentarios de ultraderecha y empresarios que intentaron venderle vacunas en forma fraudulenta al Gobierno.