Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería
Hoy estamos llamados a buscar equidad y mayores oportunidades de generación de empleo para los ciudadanos. Puntos claves para que nuestra región sea competitiva. Para ello, es indispensable contar con un servicio de energía de calidad y ajustado a las tarifas de las demás regiones del país.
Buscamos soluciones a los altos costos de energía y nuestra mayor preocupación se centra en las personas de estratos 1, 2 y 3 quienes están asfixiados con una tarifa que asciende a un 50 % más de lo que les facturan a estos mismos estratos en el resto del país.
Por tal motivo, interpusimos ante el Consejo de Estado, demanda de nulidad contra las resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 y 079 del 24 de junio de 2021, proferidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Nuestro equipo jurídico y económico, adelantó un trabajo juicioso y minucioso en la estructuración de la demanda, en la que hemos expuesto que Afinia está haciendo cobros por pérdida reconocida de energía anteriores a la fecha en que inició su operación. Por lo que se estarían cobrando pérdidas que esta empresa no ha registrado, sino que son herencia de Electricaribe.
Afinia se está amparando en la resolución 079 de 2021, la que establece un cobro retroactivo por emolumentos anteriores a la fecha en la que cobró vigencia dicha resolución. Facturación que no hizo Electricaribe.
La anterior situación, desde nuestro punto de vista, va en contravía de lo establecido por el Consejo de Estado que, mediante concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, expuso que todo acto administrativo tiene como característica esencial la irretroactividad con el propósito de preservar la confianza, certidumbre y seguridad de las personas.
Además, se encontró que la resolución 079 del 24 de junio de 2021, basa el aumento tarifario en el artículo 308 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) que autoriza el incremento solo para actividades de comercialización y distribución. La empresa Afinia, realiza la facturación incluyendo las pérdidas reconocidas de energía, componente que no está incluido en la fórmula contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo.
Tras la grave crisis económica que dejó el Covid-19 es indiscutible que las industrias, empresas y hogares no están en condiciones de seguir llevando a sus espaldas el gran peso que representa el alto costo de las facturas mensuales de energía, incluidos los injustos cobros retroactivos que se vienen haciendo.
El elevado costo de este servicio en el Caribe está desincentivando la inversión y está haciendo que las grandes empresas que generan miles de empleos estén contemplando la posibilidad de cerrar sus puertas. No vamos a permitir que esto suceda y, por esta razón, los alcaldes de las ciudades capitales del Caribe estamos unidos para trabajar por nuestra gente y hemos hecho la invitación a los parlamentarios de la nueva bancada Caribe del Congreso para que impulsen leyes que se conviertan en una solución perdurable en el tiempo.
Desde el Gobierno de la Gente, seguiremos trabajando lo que nos corresponda para lograr de manera urgente una significativa disminución de las tarifas, toda vez que el tema energético es indispensable para la competitividad, desarrollo y progreso de todas las comunidades que integramos el Caribe.