La Fiscalía radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Este viernes 15 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Ortiz Novoa habría renunciado de su cargo el pasado mes de mayo, tras haber sido señalada por Sneyder Pinilla y Olmedo López, en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Según lo dicho por los exdirectivos de la Ungrd, la exconsejera habría sido la emisaria de los millonarios sobornos, los cuales habrían terminado en los bolsillos de los expresidentes del Senado y de Cámara Iván Name y Andrés Calle.
La audiencia se realizará el próximo viernes 29 de noviembre. En las diligencias también se solicitará la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exfuncionaria vinculada al partido Alianza Verde.
Primera funcionaria del Gobierno Petro en ser procesada formalmente: Sandra Ortiz
Sandra Liliana Ortiz sería la primera funcionaria del Gobierno Petro en ser procesada formalmente por el escándalo de corrupción en la Ungrd, caso que registró el desvío de millonarios recursos y comprometió contratos por más de $228 mil millones.
Según dijo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, la exfuncionaria del Gobierno Nacional habría coordinado la entrega de $3 mil millones a Iván Name, de su mismo partido político, en dos entregas, en maletas color negro y de gran tamaño, los cuales se dieron en septiembre de 2023, justo días previos a las elecciones regionales.
Ese dinero, según dijo Olmedo López, habría sido producto de coimas pagas por Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’, quien se quedó con el jugoso contrato por $46 mil millones para la compra de 40 carrotanques que tenían como objetivo llevar agua potable al departamento de La Guajira. Ese contrato tuvo sobrecostos de $14 mil millones, como lo dijo la Fiscalía General de la Nación.