En medio de las nuevas situaciones a las que se han enfrentado los estudiantes universitarios a causa de la pandemia por el Covid – 19, muchos graduandos han tenido que recibir su diploma por correo, pero costos de derecho de grado siguen sin ninguna regulación.
Frente a esta perspectiva varios congresistas, radicaron un proyecto de ley que propone que el costo por concepto de derechos de grado no supere el 18 por ciento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
Según la exposición de motivos del proyecto “El derecho de grado en las Instituciones de Educación Superior (IES), se ha convertido en un tema objeto de significativos debates entre estamentos universitarios y de decisiones jurídicas en la Corte Constitucional debido a que el contenido normativo no precisa con claridad el máximo valor que se debería cobrar por estos, dando como consecuencia que en la mayoría de situaciones el cobro por estos derechos se ha convertido en una exigencia desproporcionada a pesar de que el derecho de grado es un derecho de los estudiantes que se adquiere una vez se superan una serie de requisitos académicos”.
Dentro de los antecedentes del proyecto se destaca la presentación de 7 iniciativas desde 2012, sin alguna haya culminado su proceso legislativo, una razón más para que los autores presenten nuevamente un proyecto en este sentido.
La senadora Criselda Lobo, del partido Comunes, sostiene en su ponencia para primer debate que se busca con ello superar la problemática bajo el argumento de que el título que acredita ser profesional, “es un derecho de los estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los deberes de un programa de educación superior, y no debe ser limitado por factores económicos dispares como se ha venido evidenciando hasta el momento”.
“Tanto los estudiantes como los padres de familia no tienen conocimiento sobre qué es lo que cobran las universidades en los derechos de grado, pero de lo que sí están seguros y conscientes es que, si no los cancelan, sus hijos no podrán obtener el tan anhelado diploma que los acredite como profesionales en cualquier área”.
Este proyecto iniciará la discusión de la ponencia para primer debate en la Comisión Sexta del senado, a partir del próximo 16 de marzo, cuando retomen las sesiones ordinarias el Congreso de la República.