En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo extraordinario de seguridad en el que se evaluó la situación de orden público y los hechos que rodearon el asesinato de cuatro menores indígenas a manos del Frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc.
Según lo confirmado por el Gobierno en las últimas horas, se trató del asesinato de cuatro jóvenes menores de edad pertenecientes al pueblo indígena Murui en Putumayo y quienes estaban intentando huir del grupo armado debido a que habían sido reclutados forzosamente.
“El presidente Gustavo Petro encabezó Consejo de Seguridad extraordinario en Casa de Nariño para evaluar la situación de orden público en el país, frente a los hechos ocurridos en Putumayo tras el asesinato de 4 menores indígenas”, informó la Presidencia en su cuenta de Twitter.
Frente al consejo, el presidente aseguró en su red social: «Terminamos consejo de seguridad en el Palacio Nariño».
Después de conocidos los hechos el la noche del sábado, el mandatario colombiano repudió los hechos y aseguró que el crimen en contra de los menores era atroz: “El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”.
Aunque en el consejo se iban a evaluar medidas de acción, hasta ahora desde el Gobierno no ha habido ningún pronunciamiento sobre las conclusiones del consejo.
En la reunión extraordinaria participaron el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Helder Giraldo; el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, entre otros altos mandos militares.
Al mismo tiempo, en Florencia, Caquetá, se llevó a cabo un consejo de seguridad con autoridades militares y de Policía en compañía de miembros del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Gobernación del Caquetá, en donde se tomaron medidas.
Entre las principales conclusiones del consejo de seguridad se destacan la realización de una investigación por parte de la Fiscalía General la cual se hará teniendo en cuenta el respeto por las comunidades indígenas y sus costumbres.
“Frente al asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes al pueblo Murui, en el departamento de Caquetá, la Fiscalía destinó un grupo especial de fiscales e investigadores para esclarecer lo ocurrido, y se encuentran prestos para avanzar dentro del esclarecimiento de estos hechos”, informó la Fiscalía.
Igualmente, se determinó que habrá planes de inversión, esto en medio del reconocimiento que hace el Gobierno al reclutamiento infantil en la zona, y habrá un fortalecimiento de las guardias indígenas.
“Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesitan, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto”, aseguró Lilia Solano, viceministra del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos.