El ministro del Interior dijo que el decreto de emergencia económica también fue firmado por el presidente Gustavo Petro, y será radicado para que sea revisado por la Corte Constitucional.
En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este sábado que el decreto de emergencia económica propuesto por el Gobierno Nacional, el cual busca recaudar 16 billones de pesos para el presupuesto del otro año, ya fue firmado por todos los ministros y por el presidente Gustavo Petro, y será radicado para que sea revisado por la Corte Constitucional.
Además, Benedetti confirmó que el 5×1000 sí está incluido en el decreto. Se trata del Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), que determina que las personas que posean una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera pasarían a pagar 5 pesos por cada movimiento de 1.000 pesos. Cabe resaltar que este monto anteriormente era de 4 pesos.
Además de esta medida, el decreto también incluye un IVA del 19% para licores y juegos de suerte y azar en línea. También, un impuesto del 1% para la extracción del carbón. Asimismo, el decreto contemplaría un impuesto al patrimonio, un incremento en la contribución por ganancias ocasionales y nuevos gravámenes a la gasolina.
¿Por qué se busca decretar emergencia económica?
El decreto de emergencia económica fue anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, luego de que se hundió la reforma tributaria o ley de Financiamiento en el Congreso, que buscaba aliviar el hueco fiscal que hay para el presupuesto del otro año.
El funcionario explicó que el Gobierno decidió «tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia. Entre ellas estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica».
Añadió que «son recursos tributarios que va a solicitar el Gobierno a través de esta emergencia, a través de los mismos tributos que estaban propuestos en la ley de financiamiento, y lo que esperamos que la Corte Constitucional estudie con cuidado y con detalle la propuesta».
El decreto será examinado por la Corte Constitucional en cuanto el tribunal regrese de su vacancia judicial, momento en el que se determinará si la medida se mantiene o si es declarada inexequible por violar la carta magna.
¿Qué piensan expertos y gremios de la emergencia económica?
La principal crítica de los sectores jurídicos y económicos radica en que la figura de la emergencia económica exige requisitos estrictos que, según ellos, no se cumplen en este caso. Los exministros de Hacienda coinciden en que no existe un «hecho sobreviniente», es decir, una situación imprevista que no pudiera atenderse por vías ordinarias.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, fue tajante al respecto: «El Gobierno sabía que el presupuesto que presentó no era ni estaba financiado. El Gobierno conocía que tenía una desfinanciación de más de 45 billones de pesos. El Gobierno claramente entendía que la ley de financiamiento podía ser negada en el Congreso de la República. Allí no hay hecho sobreviniente».
En la misma línea, el exministro José Antonio Ocampo señaló que la propuesta carece de sustento constitucional: «La decisión del Gobierno de decretar una emergencia económica para compensar la no aprobación de la ley de financiamiento es una propuesta que no va a cumplir los requisitos básicos que establece la constitución. Y ese requisito básico es que sea un hecho sobreviniente, es decir, algo que no es previsto y tiene precedentes».
Desde el sector privado y los centros de pensamiento, la preocupación es alta. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, cuestionó la magnitud de la crisis invocada por el Gobierno: «Los 16.3 billones de pesos representan menos del 3% del total del presupuesto, así que le quedará muy difícil argumentar al Gobierno que esa afectación de menos del 3% del presupuesto pueda generar una eventual catástrofe económica para la economía y para el Gobierno Nacional».
Por su parte, Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió sobre el riesgo institucional: “Revivir por decreto lo que el congreso ya negó no es reglamentar, es desconocer la constitución. En Colombia, la emergencia económica no se declara por conveniencia, solo procede si cumple con requisito estricto… Aún hay margen reordenar el gasto y ajustar presupuesto, lo cual no se acredita a la excepcionalidad”.