El diputado Carlos Gómez Espitia, respaldó la defensa financiera que emprendió la Gobernación de Córdoba, cuando supedita el pago de acreencias del sector salud a los resultados de la auditoría contratada por la administración, para tener certeza de la legalidad de las facturas.
Para el dirigente político, “es fundamental que la Universidad de Cartagena concluya la auditoría a las cuentas por pagar y se blinde jurídicamente al departamento”, hoy amenazado con perder la protección de la Ley 550 por el cobro de facturas presentadas por la IPS Funtierra y que sobrepasan los 9.000 millones de pesos.
Gómez, quien fuese competidor del actual gobernador en las pasadas elecciones, dijo que este es un asunto de defensa institucional en el que los cordobeses deben proteger los recursos públicos.
Como se sabe, hay una sentencia de la Superintendencia de Sociedades que conmina a la Gobernación a pagar esas deudas que provienen de pleitos jurídicos y ordenó la suspensión de la ley 500, pero paralelamente, un informe preliminar de la auditoría, no reconoce los soportes de las facturas cobradas y sugiere no pagar.
La IPS fue convocada a descargos y presentó documentación que está siendo revisada.
La asamblea de acreedores de la ley 550 para el departamento de Córdoba fue convocada para este viernes 29 de octubre y se decidirá si se suspenden sus efectos, o le conceden a la Gobernación la solicitud de nulidad de la misma, mientras se conoce el resultado de la auditoría.
El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, ha manifestado que lo que diga la auditoría se paga, si se le debe a la IPS se le pagará lo que esté soportado y avalado por la universidad contratada para ese estudio.