La Mesa Directiva de la Asamblea de Córdoba decidió suspender, de manera indefinida, la elección del contralor departamental para el periodo 2026-2029, que estaba prevista para ayer lunes 20 de octubre a las 4:00 de la tarde.
La determinación se tomó luego de que el equipo jurídico de Luis Colmenares Rodríguez, quien había integrado la terna inicial para el cargo, radicara una solicitud de última hora ante la corporación.
En el documento, los abogados solicitan la exclusión inmediata de Jairo Alberto Páez Rodríguez, aspirante que ingresó a la terna tras la renuncia de Colmenares. Según el escrito, durante la validación de los perfiles, la Universidad de la Costa, entidad encargada de adelantar el proceso, habría otorgado un puntaje académico a un libro de Páez sobre control de gestión, lo cual —según la defensa de Colmenares— no cumple con los requisitos exigidos, que se limitan a títulos o méritos relacionados con el control fiscal.
La firma jurídica sostiene que dicha admisión representaría una presunta ventaja indebida para el candidato, motivo por el cual pidió revisar la legalidad del proceso.
Ante este escenario, la Mesa Directiva de la Asamblea informó que la suspensión se mantendrá “mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes que garanticen los principios de transparencia y legalidad”.
Un proceso bajo la lupa
La elección del próximo contralor de Córdoba ha estado rodeada de controversias desde el inicio. Tras la renuncia del abogado guajiro Luis Alfonso Colmenares, la terna quedó conformada por Jairo Alberto Páez, el exdirector del Sena en Córdoba Víctor Ariza, y el exconcejal de Montelíbano Juan Camilo Tuirán Monsalve, quien, según fuentes políticas, contaría con el respaldo de la llamada Casa Cure.
Durante el proceso, los diputados Luis Manuel Rojas, Gabriel Calle Aguas y Juan Antonio Flórez denunciaron presuntas irregularidades y anunciaron su decisión de no participar en la votación.
El diputado Rojas argumentó que el procedimiento “contraviene la Ley 1904 de 2018”, al no cumplir con los criterios de publicidad exigidos para la convocatoria. “Muy pocos cordobeses conocieron que se estaba desarrollando este proceso. Incluso existen derechos de petición para conocer qué medios fueron contratados para la divulgación”, advirtió.
Por su parte, desde la Asamblea de Córdoba se ha defendido que la elección “se ha desarrollado con total transparencia, abierta a la comunidad y a las observaciones de los diferentes actores”.
Con la suspensión decretada, el futuro del proceso dependerá ahora de las decisiones administrativas que adopte la corporación departamental frente a la reclamación presentada.