Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, quien fue testigo protegido de la DEA, recobró su libertad en Estados Unidos, luego de que el 29 de mayo un juez de ese país así lo ordenara. Este condenado político no es uno más de la extensa lista de congresistas colombianos con líos judiciales.
Hace ocho años, fue pieza clave para destapar uno de los más grandes escándalos de corrupción en Colombia: el cartel de la toga, estructura de alto nivel político y judicial que torció procesos penales en la Corte Suprema de Justicia. Hace 19 días, su abogada pagó una fianza de US$200.000, mientras él firmó un documento comprometiéndose a no salir del estado de Florida y no cometer delitos.
Ese día, Lyons paró el conteo de su calendario con 1.489 días tras las rejas por una orden de extradición en su contra vigente. Desde mayo de 2021, el Gobierno colombiano intenta traerlo de vuelta para que cumpla una pena de cinco años de prisión, impuesta en 2018 por la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal lo condenó por liderar una red de corrupción que se robó $9.000 millones de las regalías departamentales, hechos que incluso el político del Partido de la U aceptó ante los estrados judiciales. Aunque ese trámite migratorio y judicial marcha a paso lento, El Espectador conoció que se acerca una resolución y que parte de ella está en poder de las autoridades colombianas.
En un documento de 39 páginas, fechado el 15 de mayo de 2025, el juez Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, avaló la extradición del condenado, de 44 años. Eso solo será posible, dice el funcionario judicial, si la Corte Suprema de Justicia y el Departamento de Estado contestan dos asuntos que fueron expuestos recientemente por la defensa de Lyons.
Primero, su abogada manifestó que la vida de su cliente corre peligro si vuelve a Colombia, ya que el exgobernador fue un testigo fundamental para desmontar el cartel de la toga, organización criminal compuesta por magistrados, congresistas, gobernadores, fiscales y abogados que torcieron procesos ante la Sala Penal del alto tribunal.
En este caso, el condenado terminó siendo colaborador de las autoridades y su testimonio fue usado para procesar penalmente a 22 personas en Colombia. Entre mayo y junio de 2017, el exgobernador de Córdoba se reunió en un centro comercial de Miami con el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, con el fin de planear una estrategia para corromper el proceso por el que terminó condenado un año más tarde: el del millonario robo de las regalías de Córdoba mientras fue la cabeza departamental, entre 2012 y 2015. Lo que no sabía Moreno, el alto funcionario del ente investigador, es que Lyons grabó esas conversaciones y estaba colaborando con la DEA y la Fiscalía colombiana.