“A los testigos se les escucha, pero a estos se les debe solicitar la evidencia o los soportes de sus dichos, porque no simplemente con que una persona venga y diga que alguien cometió alguna irregularidad o conducta, uno tiene que decir que va a procesarla”.
De esta manera, el director Especializado de la Fiscalía contra la Corrupción, Eduar Calderón, le responde al presidente Gustavo Petro, quien ha hecho fuertes cuestionamientos a la entidad sobre los avances en las investigaciones por corrupción.
En este sentido, y frente a las denuncias que ha hecho la recién deportada excongresista Aida Merlano, sobre corrupción electoral, afirma que el solo testimonio de ella no es suficiente para judicializar, pues este debe ser contrastado con otras pruebas.
También se refiere a los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
– El presidente Gustavo Petro ha lanzado fuertes críticas a la Fiscalía, argumentando que las investigaciones por los casos de corrupción que se han denunciado no avanzan y diciendo expresamente que en vez de aprovechar a los testigos se ha intentado callarlos. ¿Qué responder frente a estos señalamientos?
A los testigos se les escucha, pero a estos se les debe solicitar la evidencia o los soportes de sus dichos, porque no simplemente con que una persona venga y diga que alguien cometió alguna irregularidad o conducta, uno tiene que decir que va a procesarla.
La Fiscalía tiene una obligación constitucional que es la de investigar, y nuestra obligación como tal es decirles a los testigos que, además de su dicho nos traten de aportar información adicional que nos permita corroborar sus afirmaciones.
Cuando uno hace eso, el testigo generalmente piensa que se le está criticando o se le está diciendo que no hable, no, lo que queremos es ahondar en las investigaciones para tener evidencia suficiente.
Hemos tenido casos donde algunos jueces o la misma Corte Suprema de Justicia, incluso después de interrogatorios cruzados, no le dan credibilidad al testigo, por eso la política de la Fiscalía es la de llevar procesos con suficiencia probatoria, es decir, que tratemos de recolectar la mayor cantidad de evidencia que podamos, para llevarla ante los jueces y que ellos puedan tomar decisiones imparciales, que nos permitan establecer la verdad.
– ¿Esto quiere decir que los testimonios de algunos de los testigos en estos casos de corrupción denunciados no son suficientes para abrir una investigación?
Los testigos dan información, pero una información que posiblemente no es corroborable. Si te entregan información donde te dicen, por ejemplo, paso esto y te entrego esta foto y pasan unas cajas de manzana donde dicen ahí adentro había plata, las preguntas son ¿Cómo yo puedo corroborar esto? ¿Cuándo fue tomada esa foto? ¿Desde dónde?
Son actividades que tiene que hacer la Fiscalía y en eso somos muy serios, las instrucciones del fiscal son esas, no podemos simplemente con una versión que no es corroborable, que no coincide con el tiempo, ni fechas, ir a un escenario de un juez donde lleguemos a una absolución o por duda o porque no se puede establecer que ocurrieron los hechos como dice ese testigo.
– ¿En qué casos puntuales están teniendo esta situación?
No es que no es en uno, son en varios. No podría precisarlo en este momento, porque podría afectar algunas investigaciones, pero lo que puedo decir con seguridad es que la Fiscalía no se queda con un testigo, es un acto de responsabilidad con un procesado, pero también con las víctimas.
– Recientemente regresó al país Aida Merlano. Ella viene denunciando hechos de corrupción electoral desde hace tres años. Se dice que las investigaciones en la Fiscalía por ese caso no han avanzado. ¿Esto es cierto?
En el caso de ella se abrieron varias líneas investigativas, porque ella no denunció un solo hecho, sino muchos, y cada uno de ellos debe ser verificado con evidencias, elementos y testimonios. Es lo mismo que decíamos, no solamente con el testimonio de ella será suficiente, debemos tener la certeza que las afirmaciones que ella dice se compaginan con otros elementos.
Contra ella hay una línea investigativa por la fuga de presos, pero ella denunció ahí presuntamente un intento de homicidio y una violación. Son dos cosas que toca investigar. Denunció también presuntas irregularidades, según lo ha dicho en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, en financiación de campañas en la Costa Caribe.
Pero hasta el día de hoy en temas de corrupción electoral no ha entregado ningún elemento, esperamos que en una diligencia que tiene pendiente con la Fiscalía entregue las evidencias que dice tener.
– El director de la UNP ha denunciado recientemente mafias al interior de la entidad. ¿En qué ha avanzado la Fiscalía frente a estos casos de corrupción?
En este caso se han identificado tres líneas de trabajo. Una que tiene que ver con temas de crimen organizado, es decir, que se prestaban presuntamente funcionarios y vehículos para transporte de armas y otras cosas; otro de narcotráfico, que es por el que fue capturado Manuel Castañeda; y el de la corrupción interna.
En este sentido, se ha dispuesto que dentro de la articulación interna que tenemos, trabajemos de manera mancomunada con las Direcciones de Crimen Organizado, la Dirección de Narcotráfico y Anticorrupción, para que cada una dentro del ámbito de sus competencias evalué la información que fue aportada por el director, que no es otra que la misma que se ha conocido por el señor Castañeda. Estamos sobre esas líneas investigativas y va avanzando la investigación.
Hay unas situaciones que hemos encontrado que podrían comprometer la participación de algunos funcionarios públicos y seguramente se van a tomar unas decisiones con la tranquilidad del caso, pero con la suficiencia probatoria. Es decir, no nos estamos apurando a simplemente mostrar un resultado, por el contrario, aplicamos una premisa: investigamos para capturar o imputar, no capturamos e imputamos para investigar.
– Manuel Antonio Castañeda, el narcochofer capturado por conducir una camioneta de la UNP, repleta de cocaína fue pieza clave para develar como fue la fuga de ‘Matamba’ de la cárcel la Picota. ¿Sobre la corrupción en la UNP también está entregando información?
Él ha manifestado su voluntad de colaborar, entiendo que colaboró inicialmente por el tema de la fuga de ‘Matamba’, y la idea es mirar el ánimo de colaborar de Castañeda, mirar la evidencia que pueda tener y aportar, para poder determinar las responsabilidades individuales.
Él ya ha hecho públicas sus manifestaciones frente a determinados funcionarios públicos, frente a miembros de algunos sindicatos, y vamos a evaluar esa información y a ver qué elementos pueda entregar para corroborarla.
– ¿Se está adelantado algún preacuerdo a su favor?
Todo depende de la información que entregue, y de que esta pueda ser creíble. Todas las opciones están abiertas, incluso la de que se vaya a juicio. Lo que sí queremos es que se sepa la verdad, pero con elementos y con evidencia que permita soportarla.
– El pasado 25 de octubre de 2022 fue designado un equipo para verificar los bienes de la SAE perdidos. ¿Cuáles son los avances en la investigación después de estos meses?
En primer lugar, el señor fiscal determinó que ya no había mesa de trabajo, precisamente porque no se entregó en su momento las denuncias respectivas.
Se hablaba del mayor caso de corrupción en la SAE, pero cuando pedimos los insumos o de donde se tomaba esa afirmación, pues se quedaba en afirmaciones, más que en la evidencia de circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que sucedieron. Un tema muy genérico, gaseoso.
La Fiscalía sobre ese aspecto es muy complejo que investigue, sin embargo, en algunos escenarios de trabajo articulado con la SAE, definimos unas líneas de investigación con el tema de los bienes del Clan del Golfo y algunos títulos mineros que fueron objeto de extinción de dominio y entregados a esa entidad.
Este tipo de bienes son los que mayor cantidad de dinero pueden arrojar en un ejercicio financiero y la idea es mirar si sobre ese tipo de bienes hubo algún tipo de irregularidad en el proceso.
La idea es que nosotros podamos determinar si efectivamente hubo corrupción en esos procedimientos, priorizando eso, porque el resto lo que se advierte es un posible desorden administrativo, desactualización de los sistemas de información, que no necesariamente pueden ser corrupción. Que el desorden facilite la corrupción, sí, pero no es corrupción.
– En septiembre, en entrevista con COLPRENSA usted dijo que esperaban que en seis meses pudieran tener decisiones en el escándalo de OCAD PAZ. ¿Qué hallazgos han encontrado? ¿Se esperan capturas?
En este tema son demasiados los contratos que toca investigar, son más de 5.000. Hemos podido avanzar en establecer unas líneas de investigación sobre unos departamentos y sobre unos contratos en específico.
Estamos en el proceso de recolección de evidencia y de que los fiscales empiecen a evaluar la información. Tuvimos aquí alguna información de la UIAF, del Departamento Nacional de Planeación y estamos evaluando también la información de medios abiertos y lo que esperamos es que se pueda hacer análisis de la información y poder establecer algún tipo de responsabilidades en el corto tiempo.
Las investigaciones son progresivas, yo puedo salir con una tesis hoy, pero los elementos me van dando cuenta de otras circunstancias, eso nos ha demorado un poco las investigaciones, porque encontramos que unas irregularidades en un departamento también pegan con irregularidades en otro municipio o departamento que tienen una unidad de acción o unas mismas personas.
Entiendo que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también está con un tema de aforados y posiblemente en el trabajo articulado que hacemos con ellos vamos a tener que compartir información.
– ¿En qué departamentos se han hecho esos hallazgos?
Lo que puedo decir es que en la región Caribe, en el centro del país y hay unos temas de Arauca.
– ¿Qué se ha logrado establecer hasta ahora sobre la corrupción en el Inpec?
Este tema es muy complejo, porque la corrupción allá no es de solo un grupo, sino de muchos temas. Muchos internos denuncian que les piden dinero para que les dejen entrar a familiares para las visitas, o para que puedan pasar de un patio a otro, para tener un colchón donde dormir, es una serie de situaciones que son muy complejas de manejar, el tema de corrupción en el Inpec es una situación realmente problemática, tenemos denuncias en todo el país, y las estamos tratando de consolidar para poder establecer unos patrones y unas personas, y poder tomar decisiones.
Estamos trabajando con un grupo especial para ese tema y comenzar a abordar unas situaciones en determinados centros penitenciarios.