La investigación se refiere a las denuncias de violación a los derechos humanos durante las manifestaciones ocurridas en 2017 y malos tratos a opositores en cárceles.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, aseguró ayer que la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar a los altos responsables de los hechos de “represión y control” en Venezuela.
“Para que sea efectiva, la CPI debe comenzar lo antes posible, y debe investigar de manera imparcial a los máximos responsables de la política sistemática de represión y control social en Venezuela, desde al menos 2014, tal y como señaló la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas en sus informes de septiembre de 2020 y septiembre de 2021”, dijo AI en un comunicado.
Asimismo, exhortó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a escuchar a las víctimas que “aún no han visto la justicia” y reconocer que la intervención de su despacho es “urgente” para que se investiguen con prontitud y eficacia los “crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Guevara Rosas señaló que aunque el principio de complementariedad insta al fiscal de la CPI a pedir a las autoridades investigaciones independientes e imparciales, no deben considerarse solo procedimientos estatales “bajo cualquier costo”.
El pasado miércoles, Khan anunció que abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la nación caribeña, si bien aclaró que, por ahora, “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
El anuncio llegó tras tres días de visita al país del fiscal Khan, quien compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige “ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela”.
El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró ayer por su parte, tras el anuncio de la CPI de investigar presuntos delitos de lesa humanidad en el país, que el memorando de entendimiento firmado con el alto tribunal para seguir el proceso es una “victoria institucional”, pues se hará con “cooperación” entre las partes.
Pese a que Saab discrepa de la decisión de la CPI, la respeta, y recuerda que el acuerdo señala que serán las instituciones venezolanas las que investiguen y cooperen, en el marco de una “complementariedad positiva”, que supone colaboración entre las partes.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde abril del 2017, durante las protestas y malos tratos a opositores en algunas cárceles.