La Unidad Nacional de Protección decidió retirar el esquema de seguridad con el que contaba el líder social del sur de Córdoba, Arnobis Zapata. Esta determinación ha causado el rechazo de varias organizaciones campesinas y de defensores de derechos humanos.
Según confirmó el mismo líder social la entidad le notificó sobre esta decisión el pasado 29 de diciembre, retirándole el carro blindado y los dos hombres de protección con los que contaba para garantizar su seguridad.
En entrevista con Caracol Radio, Zapata explicó que era conocedor de esta acción por lo que interpuso un recurso de reposición que finalmente fue resuelto el 29 de diciembre, sin procedencia alguna.
Por su parte la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina rechazó el procedimiento de la UNP, argumentando que expone la vida del líder social, dadas las amenazas de las que ha sido víctima.
“Rechazamos decisión de retirar el esquema de seguridad por parte de la UNP a nuestro líder y representante legal, Arnobis Zapata, resaltando con preocupación que el compañero ha recibido constantes amenazas y presiones en el sur de Córdoba, situación que lo pone en alto riesgo”, manifestó la asociación.
A las voces de rechazo se unió el politólogo Juan Pérez, quien responsabilizó a la entidad de cualquier cosa que le pueda pasar al líder social.
“La UNP es la responsable de todo lo que le pase a Arnobis Zapata, pues decidió levantarle su esquema de seguridad. Recordemos que Arnobis es un líder social muy importante en el departamento de Córdoba. También ha estado al frente de la Anzorc”, dijo.
Vale la pena mencionar que el último atentado en su contra ocurrió el pasado 5 de octubre de 2021, cuando sujetos armados llegaron hasta su residencia en la ciudad de Montería. Para ese episodio, los hombres desconocidos alcanzaron a agredir físicamente a su hijo, John Anderson Zapata Gómez, por lo que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
La situación de riesgo a la que ha estado sometido Zapata, llevó a la UNP a asignarle un esquema de seguridad desde el año 2016, el cual fue ratificado el 12 de febrero de 2021.
En este sentido, Zapata presentó una acción de tutela con la que espera que un juez falle a su favor, teniendo como base la priorización del derecho a la vida.