Las entidades del Estado acordaron trabajar un una hoja de ruta para lograr respuestas rápidas para atender los diferentes conflictos sociales relacionados con el acceso a tierras.
Durante la mesa nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras, convocada por la Defensoría del Pueblo, se acordó el trabajo articulado de toda la institucionalidad del Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, junto con los gobiernos municipales y departamentales, reconociendo que las problemáticas en cada territorio tienen sus particularidades.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recalcó que “es fundamental entender las particularidades de la conflictividad social en cada región. Porque hay ocupaciones de tierras que hacen las comunidades indígenas y campesinas que solicitan acceso a las mismas, y otros casos en los cuales las estructuras criminales buscan sacar provecho de la situación para adelantar despojos de grandes extensiones de territorio”.
La invasión de tierras es un problema social que afecta de igual manera la propiedad privada y el desarrollo comunitario; por consiguiente, la convivencia y el orden público. De ahí la urgencia de atenderlo integralmente, con la articulación de todos los actores involucrados. De esta manera, será posible identificar la causa y motivación de este fenómeno, para posteriormente formular acciones concretas para su mitigación, prevención y superación.
En las regiones donde se han registrado las invasiones de tierras en los últimos días la Defensoría del Pueblo seguirá acompañando los espacios de diálogo que sean necesarios entre las entidades públicas y las comunidades para lograr salidas concertadas.