En una decisión trascendental para la transparencia judicial en Córdoba, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Lorica negó un nuevo preacuerdo entre el exfiscal Mario Alfonso Lora Correa y el ente acusador. El pacto pretendía fijar una condena de 10 años y dos meses de prisión por el asesinato de los jóvenes Camilo Rodríguez y Harold Suárez, ocurrido en la zona rosa de Montería en junio de 2016.
La juez de conocimiento rechazó la figura de “legítima defensa extendida” que se intentó aplicar para reducir la pena. Según el despacho, no es permitido modificar los hechos jurídicamente relevantes para favorecer al procesado, especialmente en un caso de homicidio agravado donde las víctimas se encontraban en estado de indefensión.
Este es el segundo intento de la defensa de Lora Correa por pactar penas mínimas que se desploma. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ya había anulado un acuerdo previo de 7 años de prisión domiciliaria, el cual se basaba en la atenuante de «ira e intenso dolor».
En aquella ocasión, la Corte le dio la razón a la Procuraduría al determinar que no existía soporte probatorio para dicho beneficio y que, por el contrario, se ignoraron testimonios clave que describían la brutalidad del ataque con arma de fuego, que incluso dejó herido a un uniformado de la Policía.
Con esta nueva negativa en Lorica, el proceso contra el llamado «fiscal gatillero» regresa a una etapa de incertidumbre técnica, mientras las familias de las víctimas mantienen su exigencia de una justicia proporcional a la gravedad del doble crimen que conmocionó a la capital cordobesa hace una década.